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jueves, febrero 5, 2026

Aguascalientes, sin regulación en anexos para atención de adicciones

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  • No existen en el estado estadísticas sobre adicción en mujeres
  • De 53 anexos registrados, sólo tres son exclusivamente para mujeres

En Aguascalientes no existe ninguna regulación o atención por parte de las autoridades gubernamentales para el tratamiento de personas con adicciones en los diversos centros que asociaciones civiles, privadas o particulares han abierto para atender dicha problemática. El caso empeora cuando se trata de adicciones en mujeres, para las cuales -de 53 anexos registrados- sólo existen cuatro centros en donde se les brinda atención en toda la entidad.

“Los anexos, ya sea de varones como de mujeres, no están regulados. Surgen como entidades paralelas o de grupos básicamente de alcohólicos anónimos en lugares donde se retiene a la gente con la idea de que ésta retención bastaría para que se reformara la conducta del comportamiento, e incluso problemas de índole síquico en muchos casos. A veces la forma en la que los tratan es con violencia, lo que han comentado las personas que están al frente de anexos es que cuando llegan en forma violenta ese tratamiento violento resulta positivo, no comparto este punto de vista. No tenemos una regulación de los anexos en general, ellos están ocupando un espacio que debiera ocupar el estado, lo están haciendo mal, a lo mejor no es lo óptimo, pero están haciendo algo”, señaló Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Datos del gobierno estatal actualizados hasta marzo del 2014 señalan que existen 53 centros de atención para adicciones en el estado, aunque hay un gran número de anexos no registrados ante las autoridades. Del número total de centros, en 22 se atiende a ambos sexos en edades variadas, en 28 se atiende sólo a hombres y únicamente en tres sólo a mujeres.

Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el INEGI, indican que en el ámbito nacional las mujeres han repuntado en el consumo de sustancias ilícitas debido a padecimientos como estrés y ansiedad derivados de que cada vez más figuran en el sector económico y se han convertido en jefas de familia, con las cargas económicas que esto implica; en Aguascalientes no existen estadísticas certeras sobre dicha problemática.

El responsable de defender los derechos humanos en la entidad agregó que es el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea) quien tiene la responsabilidad de realizar un diagnóstico: “y a partir de ello tomar algunas decisiones”.

“El problema fundamental es que no tenemos una información confiable, tendría que hacerse primero un diagnóstico, mientras no lo tengamos lo que podamos pensar son especulaciones. No sabemos si no hay para mujeres porque el problema sea menor, porque el desconocimiento sea mayor o porque en las casas sus familias están más atentas a ellas por tratarse de mujeres y que los padres, hermanos y hermanas intervienen en ellos. O simplemente porque es un tema que no ha interesado a la sociedad y aunque sea un problema latente no tenemos elementos para poderlo valorar. El principal problema es ver de qué tamaño es la problemática, tener un diagnóstico, la comisión no tiene capacidad instalada ni personal especializado para hacer esto.”

Del total de registros de centros de atención, tres se encuentran en espera del dictamen de autorización, cuatro están ya acreditados, diez son reconocidos por el estado, uno aparece como “no registrado” y otro con la leyenda “no brinda tratamiento”. Del resto -32- no existe ninguna información.

Aunque la CEDH se estaba encargando de visitar los anexos periódicamente para vigilarlos, dejó ésta práctica para que la realizara el Issea: “Nos reunimos con el doctor Romero de reglamentos del Issea para no duplicar, nosotros iniciamos unas visitas de inspección a los anexos, pero eso lo están haciendo ellos con un mecanismo que tiene más tiempo, tienen ya un protocolo muy precisado de los aspectos que se regulan, entonces nosotros ya no hacemos inspecciones, sólo intervenimos cuando nos comunican alguna anomalía de violación a los derechos humanos o denuncia específica”.

 

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