- El gobierno estatal no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa
- Según datos de la cuenta pública 2014 realizada por la Auditoría Superior de la Federación
El programa de inclusión social Prospera tiene por aclarar casi siete millones de pesos correspondientes el ejercicio fiscal 2014. Según datos del informe de resultados referente al ejercicio de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los recursos federales destinados a Prospera no fueron aplicados de manera correcta por parte del gobierno estatal.
De un universo total de 23 millones 216 mil 600 pesos revisados, se determinaron observaciones por aclarar por seis millones 916 mil 600 pesos, que se integran de la siguiente manera: seis millones 707 mil 900 pesos de recursos no devengados al 31 de agosto de 2015, y 208 mil 700 pesos de intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea).
Asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por 28 mil 300 pesos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En 2014, el titular de Prospera en Aguascalientes era Luis Salazar Mora, quien ahora busca una diputación local abanderado por el Partido Nueva Alianza. Por el momento quien se hace cargo del programa federal en Aguascalientes es José de Jesús Ortiz Macías.
El informe de la ASF detalla que al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado 32.2 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2015 el 28.8 por ciento; correspondientes al importe de seis millones 707 mil 900 mil pesos, el cual está pendiente de aclarar.
En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa por los recursos no devengados, principalmente en materia de transferencia de recursos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Forma parte de los más de 660 millones que le fueron observados a la administración de Carlos Lozano de la Torre como probables daños al erario público.
El informe de la auditoría concluye sentenciando a la entidad por no ejercer los recursos de manera adecuada y con discrecionalidad.
“En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, indica el documento.
