No entiendo cómo a estas alturas no contamos con instrumentos que puedan cuidarles las manos a los funcionarios de primer nivel y contar con mejores mecanismo de vigilancia de su desempeño. Como ejemplo tenemos a Emilio Lozoya Austin en su paso por Pemex en los últimos tres años.
Es sabido por todos que las empresa petroleras en el mundo pasan por una profunda crisis que tal vez marca el fin de los combustibles fósiles. Algunos analistas hablan de que estamos en la época del “nunca más” veremos el petróleo a 100 dólares el barril.
Las razones en la caída de los precios del petróleo es, entre otras, porque existe una sobre oferta mundial por la incorporación de Irán como vendedor de petróleo, la reservas con las que cuenta Estados Unidos, le permitió dejar de comprar petróleo, el pobre crecimiento de la Unión Europea, el desplome de la economía China, son factores concurrentes para que los precios del petróleo estén a la baja.
Esta crisis global se está afrontando por las empresas con algunas medidas básicas como el recortar su producción, reducir gastos administrativos y algunas otras están recurriendo incluso al endeudamiento.
Ante esta realidad el gobierno mexicano determinó hacer ajustes en el funcionamiento interno de Pemex. El secretario de Hacienda y el Banco de México establecieron algunas recomendaciones para que Pemex enfrentara su propia crisis minimizando lo más posible las consecuencias derivadas del contexto internacional. Estas medidas no fueron acatadas por Emilio Lozoya.
Cuando el Gobierno Federal solicita información para determinar el tamaño del boquete en las finanzas nacionales, se encuentran con sorpresas desagradables. El director lejos de hacer lo que dictaba el sentido común para adaptarse a las nuevas circunstancias, hizo todo lo contrario.
Firmó un contrato por dos mil 445 millones de pesos para adquirir tres aviones y un helicóptero para el servicio personal de los altos directivos y por supuesto a él. Firmó un contrato de arrendamiento de 911 autos y camionetas con sobrecosto, erogando con ello una cantidad de cuatro mil 585 millones de pesos, con el argumento de que ese gasto era para supervisar la extracción y robo de gasoductos.
Se habla de compras a proveedores de grandes empresas con costos doblados. Los gastos fijos para el pago a altos funcionarios se duplicaron. Sin embargo a las pequeñas empresas mexicanas que dependen de sus contratos con Pemex se les dejó de pagar. Todo lo anterior dio como resultado un endeudamiento exponencial, con una carga adicional de pagos por realizar.
Antes de ser director de Pemex, Emilio Lozoya trabajaba para la polémica empresa OHL. Desde su llegada a Pemex les asignó contratos millonarios a esta empresa española.
La Cámara de Diputados tenía meses citándolo para que diera una explicación de las anomalías encontradas por la entidad de fiscalización. Nunca se presentó ni quiso comparecer, cuando se envía una nota al Ejecutivo de la falta de colaboración de poderes es cuando se determina que se presente a comparecer ante la Cámara de Diputados. En la misma semana de la comparecencia, se anuncia el cambio en la dirección de Pemex.
Lo sustituye José Antonio González Anaya, que se desempeñaba como director del IMSS. Se dice que resolvió de manera muy aceptable la grave crisis financiera y administrativa del Seguro Social, y el presidente consideró que tenía el perfil para corregir las irregularidades encontradas a Emilio Lozoya.
El nuevo director llega con la encomienda de tomar algunas medidas básicas como reducir la planta laboral, reducir los gastos de operación y corregir los desórdenes administrativos.
En el plano administrativo tiene pendiente pagar a proveedores de pequeñas empresas nacionales, ya que de no hacerlo o postergar los pagos adeudados colapsaría a estas pequeñas empresas y en consecuencia impactaría la economía local de los estados petroleros.
Emilio Lozoya tiene que dar una explicación de todo esto. Si el Gobierno Federal no toma medidas serias que dejen conforme a la opinión pública, se interpretará como actos de complicidad y le van a representar desgaste político al PRI y al gobierno de Peña Nieto.
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