¿Trabajas cuarenta horas a la semana? ¿Incluso más? Con tu sueldo, ¿eres capaz de llevar comida a tu casa; pagar escuela, útiles y gastos médicos a tus hijos? ¿No? La enorme mayoría de las personas no pueden hacerlo con el salario que perciben. No hablo de Sierra Leona, Guinea Ecuatorial o Liberia (los tres países más pobres del mundo), sino de México. Hablo particularmente de Aguascalientes. En nuestra ciudad más de la mitad de la población vive con menos de tres salarios mínimos. Las cosas no están bien. Los gobiernos de un municipio, un estado o un país que han creado una estructura básica (leyes e instituciones) que no funciona para todos y cada uno de los ciudadanos, tampoco funcionan. Los vientos de cambio soplan sólo cuando al unísono las personas que viven en marginación, que son víctimas de una desigualdad económica y social asfixiante, que sufren injusticia e inequidad todos los días piensan que ha sido suficiente. Y en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país ha sido suficiente.
No pienso que sea el caso que pidamos a nuestros políticos regalos, beneficios ni dádivas extraordinarias. También estamos hartos del populismo rampante. Pedimos sólo que se cumpla la ley. Pedimos que cada uno de nuestros derechos sea respetado: en especial nuestros derechos económicos y sociales, los cuales están amparados en nuestra Constitución.
En 2014, Oxfam -una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países- reveló que 85 personas alrededor del mundo poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Para 2015, el número se había reducido a 80. La desigualdad extrema está limitando los avances en la lucha contra la pobreza. Oxfam pidió el año pasado al economista Gerardo Esquivel que realizara un informe sobre la real magnitud de la desigualdad que se vive en nuestro país. Los números son escalofriantes, la conclusión indignante: el crecimiento económico es magro, los salarios promedio no crecen, la pobreza persiste pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose.
En México se vive un círculo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. A pesar de que somos la decimocuarta economía del mundo, en nuestro país hay 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza. ¿Qué significa eso? Que a la mitad de la población en México le falta sustento durante todo el año o parte de él y, por lo general, sólo se ingiere una comida al día, y algunas veces hay que elegir entre calmar el hambre de un hijo o la propia, otras sin ser capaz de acallar ninguna de las dos; no se puede ahorrar: si un miembro de la familia enferma y hace falta dinero para ir al médico, o si la cosecha se pierde y no hay nada para comer, es necesario pedir dinero a un prestamista local, que cobra unos intereses altísimos mientras la deuda continúa aumentando y, tal vez, nunca pueda saldarse; no es posible mandar a los hijos al colegio o, si empiezan a asistir, hay que volver a sacarlos si la cosecha es mala; se vive en una casa inestable, hecha de adobe o de cañas, que hay que reconstruir cada dos o tres años, o cuando el clima es riguroso; no se dispone de ninguna fuente de agua potable con garantías de salubridad: es necesario acarrear agua desde muy lejos y, aun así, si no se hierve, probablemente caiga uno enfermo. La indignante realidad de la mitad de las mexicanas y los mexicanos puede contrastarse con la realidad de 16 -sí, ¡sólo 16!- personas: mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco.
La desigualdad económica y social provoca que tampoco los derechos políticos de la mayoría de las mexicanas y mexicanos sean respetados: han quedado excluidos, carentes de voz y representación, incapaces de participar en las decisiones que dictaran el rumbo de sus propias vidas y las de los suyos. Mientras a un acaudalado del norte de nuestra ciudad le basta levantar el teléfono y exigir que se ponga un semáforo a la entrada de su club de golf, una persona del oriente de nuestra ciudad puede vivir décadas en una casa sin servicios básicos, sin banquetas y sin asfalto en las calles.
Gerardo Esquivel propone una agenda para combatir los males que nos aquejan: crear un auténtico Estado Social y un cambio de enfoque, de un Estado dador a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos; crear una política fiscal progresiva y una distribución más justa; focalizar el gasto en educación, salud y acceso a servicios básicos, en infraestructura, en escuelas que cuenten con los servicios para que la brecha de desigualdad no crezca más; cambiar la política salarial y laboral (es impostergable fortalecer el nivel de compra del salario mínimo); fortalecer la transparencia y rendición de cuentas (si realmente se quiere combatir la corrupción, las declaraciones fiscales de todos los miembros del gobierno deben hacerse públicas. Sólo así se fortalecerá el Estado de Derecho).
Ninguno de estos puntos de la agenda que propone Esquivel está fuera de los derechos que ampara nuestra Constitución. Los ciudadanos no pedimos museos al gusto de las primeras damas de nuestros gobernadores, no pedimos obras magnas que engalanen el centro de nuestras ciudades, no pedimos despensas cada tres o seis años, no pedimos nada más que lo que de hecho nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos: pedimos que se cumpla la ley. Los políticos de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país están equivocados cuando se consideran a una posición radical simplemente por pedir que la ley se cumpla. No importa. Que los vientos de cambio soplen: ya fue suficiente. Que la izquierda política -que la social democracia- llegue a nuestro municipio y a nuestro estado. Seamos radicales, pidamos que la ley se cumpla. No más, nunca menos.
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