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miércoles, febrero 4, 2026

No reconoce secretario de Seguridad Pública estatal violación a los derechos humanos

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  • Confirma secretario que se trasladó a 70 internos a penales de otros estados sin avisarles, violando sus derechos humanos
  • La orden vino desde la Federación, justificó Eduardo Bahena Pineda

 

La Secretaría de Seguridad Pública estatal trasladó la semana pasada a 70 internos, de los cuales doce son mujeres, de penales en Aguascalientes a reclusorios en diversas entidades del país. Lo anterior sucedió de manera inmediata sin previo aviso ni a los reos, ni a sus familias. Para su titular, Eduardo Bahena Pineda, no hubo irregularidades en el acto ni se violaron sus derechos humanos.

Lo sucedido fue dado a conocer de manera pública el pasado martes por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través de su titular, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien señaló que dicha acción pasa por alto disposiciones constitucionales y viola el derecho de los internos a pugnar su sentencia en el centro de reinserción social más cercano a su estado de residencia. Dos familias de internos interpusieron denuncias en la CEDH.

Bahena Pineda detalló que la orden vino desde el Sistema Nacional de Reinserción Social, para que de manera inmediata se trasladara a dicho reos a otros estados en donde hay penales de alta seguridad. Agregó que tampoco las autoridades locales tuvieron conocimiento del asunto de manera previa: “Efectivamente no nos avisaron, llegó la orden a las 00:40 horas de esa misma noche, en donde nos ordenaban trasladarlos a determinado lugar por parte de las autoridades federales, nosotros tampoco teníamos conocimiento de ese movimiento. Son internos del orden federal. Cometieron delitos dentro del ámbito federal y por eso ellos están regulados por el Sistema Nacional de Reinserción Social Federal. Estimo que no hubo absolutamente ninguna irregularidad por parte de la Secretaría y de la dirección general de reinserción, nosotros cumplimos órdenes del sistema nacional”.

–El ombudsman habla de violaciones a derechos humanos.

–El director general de reinserción social es quien ha tenido contacto con el ombudsman y le explicó el motivo por el cual fue esa salida tan silenciosa. Quiero agregar que el traslado fue silencioso y discreto porque se trata de internos de cierto riesgo de peligrosidad, y nosotros en los Ceresos de aquí no contamos con las medidas necesarias, porque ellos van penales de alta seguridad, nuestros penales son de seguridad media y ellos representaban cierto riesgo por ser de alta peligrosidad.

Durante la declaración de Martín Jáuregui la semana pasada, se hizo énfasis en el caso de una mujer reclusa que fue trasladada a pesar de estar recibiendo tratamiento médico por padecer esquizofrenia: “Es un caso delicado que requiere atención. Nosotros habíamos solicitado que se examinaran las posibilidades de trasladarla no a un centro penitenciario sino a un centro de atención siquiátrica porque tiene un problema en el que tiene que estar controlada y supervisada. Aquí el director del Centro Neuropsiquiátrico, Raúl Rodríguez, nos había dado todas las facilidades para que estuviera siendo vigilada y afortunadamente se encontraba en una situación estable, ahora nos encontramos que la han trasladado sin aviso previo, según el juez de ejecución no tuvo informe oficial de este traslado, tampoco a nosotros nos informaron y no es que tengan la responsabilidad de hacerlo, pero es un caso en el que estábamos atentos. Resulta frustrante que la autoridad no tome en cuenta la preocupación de la CEDH”.

Sobre lo anterior, Bahena Pineda aseguró que la reclusa fue trasladada a un centro especial de reinserción social en el estado de Morelos: “Es una señorita que padece alguna enfermedad y hubo necesidad de remitirla a un centro federal de reinserción con la especialidad de enfermedades sicológicas y siquiátricas. Es el único centro en el país y cuenta con todo para poder cumplir con las funciones de reinserción”.

Organizaciones civiles que revisan el tema se preparan para viajar a Morelos y conocer dicho centro. La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Mariana Ávila Montejano, indicó que el caso preocupa por la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres dentro de los centros de reclusión: “Como observatorio daremos seguimiento a la situación de las mujeres en reclusión, el caso nos preocupa por el contexto actual de falta de garantía del respeto a los derechos humanos en los espacios destinados a la reinserción social en México. A partir de observaciones en el ámbito internacional y por parte de organizaciones nacionales, diagnósticos y aportaciones de experiencias, es que no podemos invisibilizar las condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres en reclusión, que implican muchas otras violencias, y que les cruza la pobreza, la edad, el sexo, las enfermedades, el grupo social al que se  pertenece. Por todo es que apelamos a procesos, juicios, sentencias, incluso las condiciones de reclusión sean con perspectiva de género para garantizar la no revictimización”.

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