- El Instituto Estatal Electoral cuenta con 23 asuntos pendientes
- Se han capacitado a más de 300 personas
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) tiene cinco carpetas de investigación abiertas de denuncias interpuestas por partidos políticos de Aguascalientes, entre ellas la investigación sobre la llamada telefónica dada a conocer entre Martín Orozco Sandoval, candidato panista a la gubernatura y Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro.
Lo anterior según datos proporcionados por Sharon Morales Martínez, directora de control y procesos de la Fepade en su visita por Aguascalientes para ofrecer detalles del proceso electoral local, en conjunto con Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Morales Martínez dio a conocer que se han capacitado a más de 300 personas en el estado sobre delitos electorales, cuáles son, cómo y dónde se deben denunciar: “En diciembre se capacitaron a 125 personas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). En febrero a 104 dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. En marzo a 239 en Sagarpa, Sedesol y el Partido Acción Nacional entre otros. Y en abril a 18 periodistas en el estado”.
La funcionaria de la Fepade, quien aseguró que dicho órgano actuará con imparcialidad durante el presente proceso electoral, detalló que los pasados comicios federales, los principales delitos denunciados en Aguascalientes corresponden a la compra de votos, actos de temor o intimidación y el proselitismo.
Agregó que aunque el presente proceso electoral es local, la intervención de la Fepade “genera más seguridad a la ciudadanía al momento de votar, es un apoyo a las instituciones locales para inhibir conductas prohibidas en la ley”.
Por su parte, Fernando Landeros Ortiz detalló que el Instituto Estatal Electoral cuenta en el momento con 23 carpetas abiertas de investigación -la mayoría de denuncias entre la coalición Aguascalientes grande y para todos y el Partido Acción Nacional.
“No son penales y están en trámite, algunas están apenas en etapa de admisión para posteriormente remitirlas a la Sala Administrativa y Electoral. La temática de las denuncias habla de actos anticipados de campaña, o infracciones por propaganda denostativa.”
Apuntó que la investigación del gran número de denuncias que han sido conocidas por el IEE tiene un costo operativo alto. Con motivo del proceso electoral la planilla laboral del Instituto pasó de 40 a cerca de 70 personas: “Tiene un costo operativo alto para el Instituto porque como está diseñado el procedimiento especial sancionador todo se tiene que procesar de manera expedita. La planilla creció a 30 personas, gran parte de esas personas están en el área jurídica para atender las denuncias”.
Sentenció que la ciudadanía será la encargada de castigar a los candidatos que estén promoviendo la guerra sucia: “Ellos manchan su imagen al estar haciendo señalamientos entre ellos mismos, es tarea de la ciudadanía castigarlos en las urnas. Quienes somos la autoridad administrativa tenemos la responsabilidad de impulsar el respeto a los derechos políticos del ciudadano, para robustecer nuestra democracia. Nuestro compromiso conjunto es informar sobre los actos u omisiones que pueden constituir delitos electorales o faltas administrativas, tratando con ello de inhibir estas acciones y para contribuir a la transparencia”.
