- Los recursos humanos capacitados para la procuración e impartición de la justicia con perspectiva de género son casi inexistentes
- Clínicas jurídicas es una posibilidad para ofrecer asesoría y acompañamiento a familias y mujeres en casos de acceso a la justicia
A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los procesos, investigaciones y sentencias judiciales en todos los niveles deben contener perspectiva de género, existe una despenalización práctica de delitos, un fenómeno por el cual se comunica a las mujeres de que serán revictimizadas en caso de denunciar casos como hostigamiento y acoso sexual, lo cual minimiza la búsqueda de justicia por parte de las mujeres; manifestó Cynthia Galicia Mendoza, investigadora del PUEG de la UNAM, al impartir la segunda sesión de la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).
La académica explicó que la norma del derecho está creada para cuestionar a las víctimas sobre su punto de vista, y aunque no se niega el derecho de presunción de inocencia, la declaración de las mujeres víctimas de violación sexual no es suficiente para las investigaciones, que aunado a cuestionamientos por parte de funcionarios públicos abona al fenómeno de despenalización práctica de delitos.
Por ello destacó la importancia de responder a las transformaciones en los sistemas de justicia y penal de México que se han dado en no más de cinco años, como los protocolos para juzgar con perspectiva de género, pues son casi inexistentes los operadores, criminólogos y técnicos de investigación capacitados para esta impartición de justicia con reconocimiento de los derechos humanos; además de que, señaló, también se han observado retrocesos al identificar sentencias con sustento en pruebas sicológicas dudosas o peritajes viciados, donde las relaciones de poder y sociales son determinantes.
Indicó que en el ámbito nacional está regulado el acceso al derecho a la interrupción del embarazo en caso de violación, pero hay una negación generalizada en múltiples estados del interior de la República e incluso algunos han promovido controversias constitucionales contra la actual Norma 046, lo que habla de una violación a los derechos humanos de las mujeres al obligarles a continuar con una gestación que no desean.
Cynthia Galicia Mendoza comentó que las clínicas jurídicas, como la desarrollada en Aguascalientes por el OVSGA y el Cecadec, son una de las pocas posibilidades para ofrecer asesoría y acompañamiento a familias y mujeres en casos de acceso a la justicia, pues la mayoría de ellas tienen una situación económica precaria y por otra parte se enfrentan a estereotipos, así como diferentes tipos de violencia y discriminación por condición de género.
Destacó que este tipo de proyectos trascienden además del litigio al ofrecer compañía a las mujeres y sus familias, al igual que el desarrollo de redes de colaboración a las cuales se insertan, incluso logrando que algunas víctimas pasen a ser defensoras de derechos humanos de otras mujeres; por lo cual se congratuló por el esfuerzo que se hace en Aguascalientes para formar a abogados y abogadas con perspectiva de género para mejorar el acceso a la justicia y la vida de las mujeres.
