- Celebra Leonardo Montañez que la Suprema Corte haya dejado sin efectos el desafuero en Veracruz
- Asegura que los congresos que legislen la figura también caerán en actos de inconstitucionalidad
El diputado Leonardo Montañez Castro aseguró que los congresos estatales no pueden eliminar el fuero a servidores públicos con base en la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expidió el lunes.
El máximo tribunal del país dio la razón a una acción de inconstitucionalidad contenida en el expediente 56/2016, interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las reformas anticorrupción que se aprobaron en los estados de Veracruz y Chihuahua, que preveían la eliminación de dicho privilegio de los funcionarios.
Si bien el argumento del Pleno de la Corte fue que los congresos locales no podían legislar en la materia porque aún no se habían aprobado las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró, en entrevista con medios de comunicación, que los diputados locales no puede acotar los derechos previstos por la Constitución Federal: “La SCJN decide, en aras de guardar el orden constitucional, dar prioridad a este tema y dejar en claro a todos los congresos locales que no tienen la capacidad jurídica para eliminar el fuero de los funcionarios, se están dejando llevar por las modas para tratar de conservar sus registros y para captar más votantes a través de demagogia y engaño.
“¿Qué quería hacer Javier Duarte, el gobernador de Veracruz? Quitarle el fuero a su rival político -Miguel Ángel Yunes- y de esa manera amedrentar políticamente, lo cual no puede suceder, por eso la Constitución ofrece el fuero para que funcionarios que manejan funciones delicadas puedan atenderlas de manera libre y sin amenazas (…). No merecen los ciudadanos ser engañados con demagogia o populismo”.
En mayo, el diputado panista Mario Álvarez Michaus presentó al Congreso del Estado una iniciativa para retirar la protección a los servidores públicos, la cual no fue dictaminada sino hasta finales de julio por la Comisión de Gobernación con el impulso de la bancada mixta conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, la propuesta no consiguió prosperar en el pleno, con apenas 17 votos a favor, ocho abstenciones, un voto en contra y una ausencia.
El grupo parlamentario PRI-PVEM ha adelantado que el tema será puesto nuevamente a discusión en un próximo periodo extraordinario de sesiones: “Ellos como legisladores deben conocer los principios básicos del derecho, un legislador local no puede acotar derechos establecidos en la constitución federal”, consideró el panista.
Si bien el desafuero ya ha sido aprobado en otras entidades federativas, Montañez aseguró que hay un plazo de 30 días para iniciar una acción de inconstitucionalidad: “Hay acciones que pueden demorar hasta dos años, no significa que los congresos que ya aprobaron las modificaciones vayan a quedar impunes y si alguno lo hiciera, en el primer acto de su aplicación, en ese momento el funcionario se ampara y lo tumba, y la reforma no sirvió de nada”.
