Desde hace casi tres décadas, el informe presidencial, deber constitucional e institución política de la vida republicana, ha deambulado por diversidad de suertes y formatos. Del informe autoritario que exhibía el poder y control presidencial sobre el país, pasó a ser a partir de 1988, el día de las interpelaciones fallidas y sonoros abucheos. Y cuando no se logró el acuerdo para que el presidente respondiera los cuestionamientos de los congresistas, nuestros legisladores optaron prescindir, primero por la vía de la hostilidad y luego por la reforma legal, de la presencia presidencial en el acto de informar. Con ello, se abolió el ampuloso Día del Presidente, feriado y obligatorio, y el boato cortesano en el Congreso se sustituyó por la recepción protocolaria de un informe escrito. La Presidencia de la República acudió entonces a la realización de eventos políticos para intentar comunicar, en red nacional, logros, explicaciones y perspectivas de su administración.
Junto con el ceremonial ostentoso, el informe presidencial fue perdiendo peso y significación política. La atención de la otrora liturgia presidencialista se dividió, por una parte en la apertura de sesiones del Congreso con los posicionamientos de las bancadas parlamentarias, y por la otra en el mensaje presidencial con las innovaciones respectivas de cada año. El deber presidencial de informar quedó diluido y extraviado en la serie de eventos que va desde la entrega del documento, los posicionamientos partidistas, el mensaje presidencial y la dispersa glosa en las cámaras del Poder Legislativo. Sin duda las características de ese mecanismo para cumplir con el deber político de informar, refleja las vicisitudes de nuestra inconclusa transición democrática, pues nuestra República no ha encontrado un mecanismo para hacer un informe presidencial con eficiente interlocución entre poderes y razonable comunicación a la población del país y a la opinión pública.
El formato actual del informe presidencial ha mostrado sus limitaciones y extravíos desde el siglo pasado, sin embargo nunca se habían evidenciado tanto como este año en el Cuarto Informe de Enrique Peña Nieto. Tal vez el principal indicador de esto sea que la población del país no tiene una idea clara acerca de que fue lo que se informó. Los diputados, senadores y gobernadores recibieron al menos el “resumen ejecutivo”, pero la gran mayoría de la población seguimos sin entender a un gobierno que publicita los logros personales de algunos mexicanos para ocultar la falta de resultados de las principales políticas públicas del gobierno federal.
El documento del Cuarto Informe de EPN propiamente dicho, acude a los lugares comunes de la publicidad gubernamental. Reporta una paz que ignora las ejecuciones, desapariciones y violaciones masivas a los derechos humanos. Anuncia una presunta inclusión social que olvida que los mecanismos de movilidad social están casi cancelados. Promete una educación de calidad pero no reconoce que el problema está en el sistema educativo y no en los profesores que han venido educando con malos salarios y pésimas condiciones. Predica una prosperidad que choca irremediablemente con los datos de crecimiento mediocre de la economía nacional y con el hecho de que la desigualdad social de nuestro país es la mayor entre los integrantes de la OCDE. Y sigue sin explicación el pantano ruinoso en que se han convertido las reformas en materia educativa, laboral y energética
El ruido de la coyuntura contribuyó a evidenciar la debilidad de la comunicación presidencial, o tal vez los propios acontecimientos de los días previos, sirvieron de muestra de la incapacidad operativa del Gobierno Federal. Un hecho fatal como el fallecimiento de un personaje como Juan Gabriel mostró a un gobierno incapaz de empatizar con el sentimiento popular. La previsible exhibición de una tesis de licenciatura del pasante de derecho Peña Nieto, con alto contenido de plagio, no tuvo respuesta digna ni satisfactoria. El colmo fue la decisión presidencial de oxigenar la campaña del impresentable Trump, hecho que solo puede explicarse por una infinita torpeza o por una peregrina idea táctica de ocultar los errores previos con un escándalo mayor.
Y aún en medio de ese ruido político y el “mal humor social”, como lo definió el mismo Peña Nieto, a la hora de presentar su Cuarto Informe, que tradicionalmente era el que mostraba la plenitud de poderes presidenciales, en lugar de dar la cara con liderazgo y energía, como lo hacen los jefes de estado en las democracias modernas, optó por los formatos evasivos y engañosos.
Sin más, el presidente de la República terminó con la tradición de dar un mensaje a la nación. Evadió la comunicación en red nacional y prefirió un formato más sesgado que todos los que se habían usado antes: una plática de sala, talk hall, con jóvenes invitados para responder dudas y preguntas. Más allá de las obligadas sospechas de montaje, aunque también hay evidencias de autenticidad en buena parte de los jóvenes invitados, las respuestas presidenciales fueron débiles e insuficientes. Que bien que el presidente dialogue con jóvenes, y si lo hace con mayor frecuencia, credibilidad y autenticidad, será mejor. Pero lo obligado y necesario desde el punto de vista político, es que dialogue de frente con toda la nación y asuma las consecuencias. Mientras tanto, aunque se cumpla con el requisito de entregar un documento de informe al Congreso, lo cierto es que en nuestro país sigue extraviado en la simulación el deber presidencial de informar.
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