La sociedad mexicana, más que decir que está viviendo un proceso de transición en lo político, lo económico y lo social, lleva a cabo su propio proceso de evolución natural; es por demás señalar, lo que es propio de la vida de las sociedades. Lo importante, en esta circunstancia, será poder identificar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, porque sólo así podremos guiar, con claridad y seguridad, el proceso que llevamos.
La comprensión de la transformación, ya sea que la veamos como transición o como evolución, nos permitirá escoger los objetivos y los medios para llegar a ellos. Será la gran diferencia con el vivir confundidos, cuando no atinamos por dónde debemos caminar y, desde luego, a dónde queremos llegar.
La confusión se presenta como acción en la que decimos una cosa, pero la cambiamos después por otra; señalamos el rumbo, pero caminamos en sentido contrario; nos pronunciamos convencidos de algo, pero nuestra conducta lo desmiente, etcétera. La aplicación del criterio de congruencia nos ayuda a revisarnos, para poder detectar si se da la consecuencia entre lo que consideramos necesario para la sociedad, y las acciones que estamos realizando.
El lunes 26 de septiembre se cumplieron dos años de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa; han sido dos años en que, desde acontecido el triste evento y después de que, inicialmente, el presidente Enrique Peña haya señalado al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como responsable tanto de que la desaparición sucediera así como de llevar a cabo la investigación para castigar a los culpables, los resultados son insatisfactorios y, a pesar de tener personas indiciadas, no se han producido las sentencias condenatorias.
Hoy son cada vez más claras las tendencias declarativas del Gobierno de la República, y, por lo tanto, las líneas de acción que pretenden seguir en el caso Ayotzinapa -así como en otros casos como Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, Nochistlán, Oaxaca-. La postura del Gobierno se debe a que la sociedad mexicana, en su proceso evolutivo, está siendo más consciente de lo que debe ser y hacer un gobierno, está presionando y exigiendo al gobierno del presidente Peña que dé resultados.
Para el Gobierno de la República es urgente dar respuestas a las denuncias que está presentando la sociedad: Ayotzinapa no fue un crimen de Estado; en estos hechos se encuentra una constante que es necesario tener en cuenta, que es la presencia y responsabilidad del crimen organizado; la corrupción de miembros de las autoridades locales, como fueron el presidente municipal de Iguala y su esposa; es absurdo y aberrante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señale, en el caso de Tanhuato, Michoacán, y otros, que las fuerzas federales tienen responsabilidad en la ejecución de delincuentes; es inaceptable y debe rechazarse, que se pretenda decir que hubo consigna en las actuaciones del Estado. Lo que sí debe decirse, afirman, es que el gobierno del presidente Peña está comprometido con la defensa de derechos humanos, y con el esclarecimiento y castigo de todos los responsables de los asesinatos (diversos pronunciamientos en la red).
¿Por qué hablar de confusión en el Gobierno? Tomemos varios elementos para ensayar la respuesta: el primero es de otro contexto, como fue el discurso del presidente Peña en la inauguración de la semana de transparencia, cuando expresó “este tema que tanto lacera, el tema de la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar… porque (estamos) seria y genuinamente comprometidos en cambiar el modelo que rige el actuar de las instituciones del Estado mexicano, de los agentes políticos y de los agentes sociales” (Presidencia de la República, en la red).
La confusión aparece cuando señala que la corrupción está en todos los órdenes de la sociedad, no en el gobierno, y en todos los ámbitos. No hay quien se atreva a arrojar la primera piedra, porque “todos han sido parte” de un modelo que queremos cambiar. Es decir, a pesar de las denuncias en su contra, el presidente no se considera parte de la corrupción, y apunta que son los otros los corruptos.
Otros elementos de confusión: para llegar a la “verdad histórica”, la PGR utilizó las tecnologías de avanzada, los procedimientos protocolarios correspondientes, las declaraciones de testigos presenciales; se aceptó escrupulosamente la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Expertos Peritos Argentinos; el Fiscal de la PGR en el caso Ayotzinapa, anuncia que se hará un nuevo peritaje, para que sea la ciencia la que determine si los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula; se están utilizando herramientas científicas de punta para descubrir en los alrededores de Iguala los suelos que fueron removidos y que puedan ser fosas clandestinas, etcétera.
Significa que los resultados aportados por las diferentes instituciones que llevaron a cabo peritajes científicos, no han sido suficientes para el Gobierno de la República (incluidos los de la Universidad de Innsbruck, que sólo comprobó restos del estudiante Alexander Mora, restos señalados como “sembrados” por el Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en los parajes del Río San Juan), ya que son resultados que no coinciden con la llamada “verdad histórica”. El nuevo peritaje anunciado, seguramente será para forzar la ciencia, y poder presentarlo como aval de su propio resultado, logrando así imponer, finalmente, su verdad.
En conclusión, un gobernante, como el presidente Enrique Peña, que frecuentemente da señales de estar confundido (permítaseme un último dato generado en reunión con empresarios de una refresquera transnacional, en que se manifestó asiduo consumidor de su producto, pasando por alto las políticas de salud de su administración), será un gobernante que difícilmente podrá ir a la par de las exigencias y objetivos de una sociedad en transformación, como la mexicana.
