- Acusa diputada priista tintes políticos en el paro de labores de camiones urbanos
- La economía familiar no podría soportar el alza que se propone
Para la presidente de la Comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado, Lourdes Dávila Castañeda, hubo “mano política” detrás del paro de un tercio del sistema de transporte colectivo el pasados lunes, en su opinión, con el objeto de desestabilizar la recta final de la administración.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que en lo que resta del presente sexenio no se concretará el incremento al costo del pasaje -para cobrarse en nueve pesos- exigido por la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), por lo que competerá al gobierno de Martín Orozco Sandoval resolver dicho ajuste tarifario: “Que le toque a los próximos, que les toque enfrentarse a esta situación tan compleja, pues no creo que en el siguiente mes haya ningún aumento”.
En entrevista, hizo un llamado a los concesionarios a reconsiderar la exigencia, dado que la economía familiar no podría soportar el alza que proponen, “una familia que destinara 70 u 80 pesos diarios para el transporte, estaría dejando de comer”; además les demandó dejarse de chantajes, pues si la operación de camiones urbanos haya dejado de ser negocio a causa del encarecimiento de los insumos, como alegan, “estoy segura de que ya hubieran dejado las concesiones desde hace mucho tiempo”.
En todo caso, dijo, habrá que conocer que ofrecerán los empresarios del transporte público a cambio del aumento, en el corto y mediano plazo para que los usuarios paguen una tarifa justa: “sabemos que en otros estados cobran eso mismo, pero lo vale, porque las unidades están nuevas; aquí sales a la calle y una tercera parte de las unidades ya sobrepasaron el tiempo límite para estar circulando, he visto apenas dos o tres camiones nuevos de personas que han mostrado voluntad”.
La legisladora pidió también hacer conciencia sobre las dificultades que atravesó alrededor de una tercera parte de la población aguascalentense que emplea el servicio de transporte para desplazarse en sus actividades cotidianas: “los taxistas, que están en una situación similar, no lo hacen porque tienen una competencia muy seria, no es tan fácil que digan no salimos porque ya saben que ya hay quien los supla, hay otros vehículos que los pueden suplir como son Uber”; sin embargo, de continuarse con las protestas, el gobierno puede y debe asumir la prestación del servicio.
Dávila Castañeda aseguró que de consultar el tema con los ciudadanos, por medio de un sondeo, Atusa se percataría de que el grueso de la población no estaría de acuerdo con el incremento de cuotas.
