Durante la administración del gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, se adquirió el edificio que albergaba al Hotel París, construido entre 1912 y 1914, para entregárselo al Poder Legislativo, que todavía en 1981, despachaba en la parte alta, lado poniente, del Palacio de Gobierno, donde el Poder Ejecutivo le daba posada al Congreso de los Diputados. La sanísima cercanía, eso sí, estaba bien delimitada por la separación de funciones consagrada en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
El popular Güero instruyó a la Secretaría de Obras Publicas para que el inmueble fuera remodelado y adaptado a las necesidades administrativas de los 16 legisladores: 12 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional.
Aquellos eran tiempos en que los diputados Juan Manuel Lomelí de Luna, perteneciente al Partido Demócrata Mexicano, y el apreciado José García Muñoz, destacado militante del PAN heroico, llegaban a la sesiones de forma inimaginable en estos momentos de jugosas prebendas legislativas: en bicicleta, el primero, y camión, el segundo, porque no tenía automóvil.
La inauguración se dio en 1982. Estaba en funciones la LI Legislatura, de la que formé parte (1980-1982), al haber ganado la elección el Distrito I, a la edad de 26 años. Las placas que dejaban constancia de los históricos momentos fueron quitadas de la pared por los diputados de la LX Legislatura, cuya mayoría ostentaba el PRI.
A la bodega del Congreso, junto a las ratas de cuatro patas y los inservibles bienes muebles, se fueron los bronces y el nombre grabado de la entonces congresista Carmelita Martín del Campo; de esa forma fue homenajeada la querida y respetada dama por haber sido electa como la primera alcaldesa (del municipio de Aguascalientes) que gobernó en México, de 1957 a 1959.
Nunca imaginó Landeros Gallegos que con el tiempo su visionaria decisión llegaría hasta el infinito, al convertirse el Palacio Legislativo en el Coliseo Romano del siglo XXI, por la aplicación de una sanción ordenada por el Trife al alcalde capitalino.
Siguiendo los dictados de los grandes espectáculos de la antigua Roma, donde se anunciaba con sonoro estruendo y una buen dosis de morbosidad, las batallas de gladiadores, los juegos con animales y la ejecución de los criminales, Jorge Varona Rodríguez, Comisión de Gobierno en el Congreso del Estado, calentó el ambiente, echó andar la rentable expectativa, al declarar que si bien no se anuló la elección a gobernador, el presidente municipal Antonio Martín del Campo “debería recibir una sanción ejemplar, por haber faltado sistemáticamente a lo establecido por la carta magna”: inhabilitarlo para desempeñar durante dos años algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, según el punto de acuerdo bordado con las vengativas manos de algunos integrantes de la Comisión de Gobierno.
Con los rejones de muerte en los ensangrentados lomos, los derrotados buscaban quién se las pagara en la parcela ajena, no en el terreno propio, poblado de incapaces para obtener la victoria en las urnas.
La sonora declaración de Varona Rodríguez surtió efecto. En la aldea el tema era motivo de cotilleo. La publicidad empezó a retumbar desde el viernes 21 de octubre. La Diputación Permanente citó al período extraordinario para el martes 25. El boletaje se acabó en unas horas. Los revendedores hicieron su agosto en pleno otoño. Y durante el fin de semana el público se abasteció de golosinas para ser consumidas en el perverso juego, el de los gladiadores humillados por la debacle del domingo 5 de junio.
El martes 25, desde las 10 horas, en la fachada del edificio del Congreso del Estado colgaba un letrero que anunciaba la suspensión de la votación que autorizaría la salida al ruedo de los leones devoradores del alcalde capitalino, porque la Justicia de la Unión lo amparaba y protegía provisionalmente.
En la banqueta estaban estacionadas cuatro motocicletas oficiales. Los caminantes las esquivaban para transitar de oriente a poniente, o viceversa. La infracción a la ley era un asunto sin importancia, al igual que la seguridad pública en los municipios aguascalentenses, mientras seis jenízaros estatales, apostados afuera de la sede parlamentaria, estaban en plena chacota, esperaban a no sé quién o a no sé qué; nunca miré que las diligentes policías cachearan a las diputadas Sylvia Garfias (PAN) y María de los Ángeles La China Aguilera (PRIAN), que son de armas tomar a la menor provocación.
Afortunadamente la elección no se anuló. Imagínese que esto hubiera ocurrido, pues al alcalde Martín del Campo ya le hubieran impuesto la pena de muerte —como en los tiempos de la Santa Inquisición—, y hoy presidiría el altar a los fieles difuntos.
Los remedios caseros recomiendan el agua con limón para desinflamar el hígado. La acidez legislativa se cura con una sanción racional, justa, equitativa, sin sed de revancha, proporcional a la falta cometida por el alcalde de Aguascalientes.
Porque alguien debe de escribirlo: Ayer celebramos el Día de los Santos Inocentes. Hoy el Día de los Muertos. Buenas fechas para recordar a quienes, de una u otra forma, participaron en La Jornada Aguascalientes, en tiempos gloriosos de arranque y primeros años de edificación: mi hermano, Gustavo Granados Roldán (+), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, Enrique El Chamuco Rodríguez Varela, Adán Baca, Manuel Appendini Carrera, José Antonio Zapata, Juan Manuel Robledo, Nora Ruvalcaba Gámez y Matías Lozano Díaz de León.
Cuando el proyecto estaba en la mesa fui invitado por los propietarios para conversar en el Catedral, el café, de sus ilusiones y de sus aspiraciones. Recuerdo reuniones muy gratificantes, al igual, que los encuentros de colaboradores externos humedecidos por la cordialidad, el pan, la sal, la naranjada y los afanes conciliadores de Jorge Álvarez Máynez, entonces director, quien siempre fomentó la visión de equipo, de un grupo desplegado en las páginas de opinión.
Acordarse de doradas épocas, es una forma sana de vivir.
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