Straight people don’t know what you’re about,
they put you down and shut you out.
You gave to me a new belief,
and soon the world will love you, sweet leaf
Sweet Leaf – Black Sabbath
El martes 13, el Senado de la República avaló por avasalladora mayoría dar marco legal -de manera acotada- a la iniciativa que el titular del Ejecutivo le hubo turnado en abril de este año sobre la ampliación de las condiciones jurídicas sobre el uso de la marihuana, específicamente en el ámbito del uso terapéutico de la hierba y sus derivados. Esta reforma dará cauces legales a la importación de medicamentos con base en cannábicos, así como a la investigación por parte de la comunidad médica nacional para el desarrollo de medicamentos de patente mexicana, para el tratamiento (en muchos casos paliativo) de distintas enfermedades, pero también abre la posibilidad al uso e investigación de componentes -como el cáñamo- para el uso industrial. Es un avance menor, pero un avance al fin y al cabo.
Lo anterior, más allá de que es un paso necesario -que, por supuesto debe revisarse y ampliarse-, parte de un debate en consecuencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de los tres poderes republicanos que nos representan, en más avanzado, progresista y con visión de Estado), ya que -recordemos- en noviembre de 2015 la SCJN abrió la puerta al conceder protección jurídica mediante amparo a cuatro ciudadanos para el uso recreativo de la marihuana, con lo que se planteó un camino de jurisprudencia que -tras un laberinto digno de El Proceso de Kafka- podría propiciar la reforma integral de la ley en materia de salud y de causas penales federales respecto a la hierba. Luego de ello pasaron meses, hasta abril de este año, para que el presidente de la República mandara al senado -para su revisión y eventual aprobación- una iniciativa relativa a la despenalización de aspectos relacionados a la marihuana que originalmente contemplaba el uso de medicamentos a base de mariguana y sus ingredientes activos; además -de acuerdo a la propuesta de EPN- aumentaría la cantidad permitida de posesión de cinco a 28 gramos de mariguana. Esta iniciativa evidentemente tendía a erosionar la criminalización del consumidor, dando un nuevo perfil al fenómeno para pasarlo como un tema de salud pública. Sin embargo, de casi ocho meses que la iniciativa reposó en las oficinas de las comisiones en el Senado, éste determinó dictaminar sólo en el sentido del uso médico (importación, investigación y tratamientos) y en el uso industrial, pero no así en la ampliación de las cantidades de uso personal ni en lo referente a la criminalización del consumidor “lúdico”.
La aprobación que ofreció el Senado de la República se centra en modificaciones a las leyes de salud y al código penal federal, para que se permita la importación de medicamentos, la investigación científica para la producción con patente nacional, la dotación de tratamientos basados en los derivados de la marihuana, y la explotación con fines industriales de algunos de sus componentes no psicotrópicos. Sin embargo, como lo declaró la senadora Angélica de la Peña, a pesar de que la reforma atiende a los siguientes aspectos: “1) Se debe proteger a los consumidores y a otros sectores vulnerables de la población; 2) Se debe permitir la marihuana para usos medicinales y terapéuticos; 3) Se debe tener un enfoque mayor en la prevención, educación y tratamiento; y 4) Se debe generar mayor información, tanto científica como estadística en el tema de marihuana y otras drogas”, se quedó corta en la procuración de Derechos Humanos para los consumidores y para la población indirectamente afectada por el combate al narcotráfico. Igualmente, la reforma se quedó corta ante las aspiraciones de cada vez mayores sectores sociales que pugnan por la despenalización del consumo recreativo, por un lado como una vía para paliar el cruento y atroz resultado de los diez años de llamada “Guerra contra el Narco”, y por otro lado, para tener legislaciones de avanzada, que amplíen su perspectiva sobre libertades civiles, ya que -como afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta- “el Senado, el Poder Legislativo en su conjunto, quedó muy por debajo de las expectativas de la sociedad en lo que se refiere a la regulación del uso de la marihuana… El presidente de la República envió una iniciativa de avanzada, pero ante los reclamos de grupos de interés permitió que sólo transitara lo concerniente a su uso medicinal… Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó claro que la prohibición para consumir marihuana se sustenta en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que es necesario transitar a un nuevo paradigma en donde se defiendan plenamente los derechos y las libertades de los individuos”. Es decir, la reforma representa un avance chiquitito, tímido, pichicato, timorato, pero un avance, a fin de cuentas.
Sin obstar lo minúsculo del avance, hay tres aspectos que podrán ser de mucho provecho si el Estado y los particulares pueden explotar a plenitud. Uno es el de la investigación; aquí se abre una puerta para que los médicos, el Estado, y los empresarios particulares desarrollen ciencia y divulgación científica para conocer más y mejor sobre las sustancias, se puedan patentar resultados benéficos que puedan ser exportados a otros países, y desarrollemos círculos virtuosos en este tópico. Es una ventana de oportunidad a la que debemos prestar atención. El segundo aspecto es el relacionado con el uso industrial, sobre todo del cáñamo del cannabis, que -se ha probado- es mucho más barato, fácil de producir, menos agresivo con el ambiente, de más fácil renovación, que otros componentes de materia prima industrial, que pudiesen abaratar costos, mejorar la calidad de productos, impactar menos en los ecosistemas y, en general, tener una mejor explotación del recurso en beneficio de la industria y de los consumidores. El tercer aspecto tiene que ver con que esta reforma puede leerse como un paso previo, una antesala, a reformas más atrevidas y garantistas de las libertades civiles, que aboguen por la no criminalización del consumidor, por enfoques basados en esquemas de salud pública, por la contención de un espectro del mercado criminal y, en suma, por un tratamiento científico y ético sobre el tema de las adicciones y su mercado.
El tema del narcotráfico (en global, el trasiego, el consumo, la violencia asociada a éste, y demás aristas del fenómeno) debe ser asunto prioritario, y las facetas desde las que se ha intentado atajar el problema no han sido tan eficaces como se pensaron desde 2006. Al contrario, las políticas regresivas y de criminalización han contribuido que en diez años nuestro país se asemeje a una fosa clandestina, con instituciones corrompidas, y con amenazas a los derechos humanos. Si la expectativa de los representantes del Estado es que con esta reforma nos demos “por bien servidos” en el tema, sería una expectativa errónea que habla más de su pequeñez que de su habilidad legislativa. Pero también en nosotros como ciudadanos está el deber de señalar y exigir que este sea un avance pequeño, con el que se propicien otros avances mayores.
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