La evolución del entorno político-económico-social de México, muestra una tendencia creciente hacia la crisis. Es oportuno decir, también, que, si bien no se descarta, la violencia ciudadana como protesta todavía no está presente, siendo un aspecto importante para conservar un ambiente necesario y propicio para el diálogo y la negociación políticas que deben darse en torno a estos factores críticos.
En el año 2014 salieron a la luz indicios sobre conflictos de interés y corrupción señalados a la Presidencia de la República (que ni la instrucción del presidente Enrique Peña al titular de la Secretaría de la Función Pública, para investigar sobre ellos, pudo acallar); en septiembre de ese año sucedió la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, que a la fecha sigue sin resultados claros; desde inicios del 2015 -en el tercer año de la administración de Peña-, hemos venido conociendo a personajes políticos que expresan su disposición para buscar la candidatura presidencial para la elección del 2018; el aumento del déficit del gasto y de la deuda públicas, la baja en el precio del petróleo y la devaluación del peso, han marcado la debilidad de las finanzas públicas -que se convierte en amenaza para la economía de la sociedad-. El avance de la concientización política de los ciudadanos sobre los problemas que vive el país, y la incompetencia del gobierno para resolverlos, está traduciéndose en su movilización.
La evolución del entorno señalado, ha arribado a una etapa de pre crisis, con las respuestas decepcionantes que está teniendo el gobierno del presidente Enrique Peña, en el asunto de las acciones desestabilizadores del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Decisiones como nombrar a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores -con su “vengo a aprender”-, han puesto de manifiesto que de este grupo gobernante no podemos esperar alternativas útiles.
Como respuesta a la situación general de pre crisis -profundizada con el nuevo gobierno estadunidense-, el presidente Peña ha tomado la estrategia del llamado a “la unidad nacional”. En reiteradas ocasiones después del 20 de enero (fecha en que Trump asume la presidencia estadunidense), el discurso presidencial ha tenido como elementos fuertes los términos de soberanía, dignidad, independencia, derechos, amistad, cooperación, diálogo, respeto, y, con gran énfasis, unidad nacional.
En el mensaje del lunes 30 de enero, después de la conversación telefónica sostenida con el presidente Trump el viernes anterior, el presidente Peña señaló ‘‘La unidad nacional ha sido la gran fuerza de México a lo largo de su historia; debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y de nuestras acciones hacia dentro del país y hacia el exterior… Vendrán momentos complejos y tiempos de trabajo arduo” (LJ, 31 de enero). En las acciones y decisiones de gobierno no se observan más que reacciones mínimas -como dar la bienvenida y el apoyo a los mexicanos que sean repatriados, instruir a los consulados para que apoyen a los migrantes, revalidar los estudios realizados en Estados Unidos, etcétera-, y no estrategias proactivas y programáticas.
El debate de la movilización ciudadana sobre los llamados a la unidad nacional -como las marchas de este domingo-, se configura con dos elementos: uno que es común, y el otro disidente. El común no presenta problema ni confusión, ya que está orientado contra la política del presidente Donald Trump. El elemento disidente sí está siendo problema y presenta un escenario de confusión.
La búsqueda de la unidad nacional ¿incluye el apoyo al gobierno de Enrique Peña, o no? Para muchos ciudadanos es necesario unirse en torno al presidente de la República, ya que es el que representa al país, y debe contar con el respaldo de la sociedad; mientras que, para otros, Enrique Peña ya no los representa, por lo que la unidad nacional está en una posición directa de reclamo y de defensa ante el presidente estadunidense, posición que no necesariamente pasa por el gobierno.
El elemento disidente es confuso porque, por un lado, sí manifiesta su inconformidad con el gobierno de Peña, pero, por otro, no pasa de “exigir al gobierno de México asumir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad y las violaciones a los derechos humanos” (Convocatoria a la marcha Vibra México, sitio en la red).
El punto, realmente difícil en este momento de pre crisis, es, qué hacer con un presidente de México que ha mostrado incompetencia e impreparación para dar las respuestas que la presente coyuntura requiere, entre las que está la acción frente al nuevo gobierno estadunidense. El punto del debate de la unidad nacional se explica, consecuentemente, en que la defensa de los intereses mexicanos, su dignidad, sus migrantes y sus derechos, la economía, las acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad, etcétera, no se darán en la realidad con un gobernante como Peña (cierto, Trump es problema; pero para los mexicanos, Peña lo es más).
Este es el dilema de la unidad nacional. Continuar como estamos, previendo los mismos resultados que repetidamente se están dando, con el efecto de que no se avanza ni se resuelven asuntos, o -como otros ciudadanos demandan-, que renuncie Enrique Peña para que un político con mejor preparación y fuerza, sea el que lleve a la superación de la situación crítica que vive el país (con la renuncia, quien ocuparía de manera inmediata el puesto sería el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien puede ser confirmado por el Congreso de la Unión como sustituto).
La renuncia de Enrique Peña pondría a prueba al sistema político mexicano y a la clase gobernante, ya que exigiría de los partidos políticos una actitud de madurez (que no abusen de la circunstancia), que les llevara a aceptar que la Constitución sí contiene la alternativa (artículos 86 y 84), y que, con Osorio se garantizaría estabilidad y posibilidad de lograr la unidad nacional, indispensable para la próxima elección presidencial del 2018.
