- El Consejo de Abogados de Aguascalientes pidió que el fiscal resuelva todos los casos de tortura que la CEDHA le imputa
- Pidieron que el fiscal sea arraigado de manera legal hasta que responda por las acusaciones
El Consejo de Abogados de Aguascalientes solicitó este viernes que antes de que el fiscal del estado, Óscar Fidel González Mendívil, deje su cargo, se le exija resolver las observaciones de tortura por las que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA) ha acusado a la fiscalía.
El 14 de febrero los miembros del consejo se reunieron con el ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, luego de que con anterioridad algunos miembros habían señalado en una conferencia de prensa, que el titular de la CEDHA, era incumplido con su labor en la defensa de los derechos humanos.
En la reunión, Martín Jáuregui les presentó su informe de actividades del año 2016 donde demostró que se recibieron 138 quejas en 2016 por presuntos casos de tortura para las que se emitieron 37 recomendaciones a la Fiscalía del Estado; de las que se desconoce si hayan sido acatadas.
Juana María Martínez Torres, consejera vicepresidente, solicitó al gobernador que se ejecute un arraigo legal a González Mendívil con el objetivo de que no se pueda ir de Aguascalientes hasta que resuelva los casos de tortura que se le imputan y haga un pronunciamiento al respecto.
Una vez que González Mendívil haya cumplido con estas demandas se deberá buscar a una persona adecuada para sustituirlo, entre las características que sugirió el consejo están que sea un licenciado en Derecho con trayectoria de al menos 20 años con un pleno arraigo en el estado de Aguascalientes, que conozca la problemática local, que sepa de las necesidades de la fiscalía, de sus carencias y que tenga experiencia en administración.
Entre las propuestas que tiene el consejo para asumir el puesto del fiscal, están: Raúl Vargas Pérez, Julio César Serna Ventura, Jorge Humberto Izar Rodríguez, Sergio Rodríguez Prieto, Juan Francisco Gabuzo, Víctor Hugo Mercader Jurado y Eduardo Antúnez, además de los miembros del propio consejo.
“Queremos hacerle saber al gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, así como al Congreso, que los abogados no vamos a permitir que se nombre a cualquier licenciado en derecho para que funja como fiscal”, expresó Martínez Torres.
Además, señaló que con la salida de González Mendívil también deben salir todas aquellas personas que ingresó a la Fiscalía con puestos de confianza: tres vicefiscales, un oficial mayor, un comisario general de la policía ministerial, nueve directores generales, 22 directores de área, dos subdirectores, cuatro inspectores, ocho coordinadores y un fiscal especial para delitos electorales; en total 52 servidores públicos.
Se debe aprovechar la salida del fiscal para que los 120 ministerios públicos con los que cuenta la Fiscalía actualmente sean sujetos a un examen ciudadano en el que la primera materia que se deba acreditar sea el respeto a la ciudadanía y a los abogados.
