En días pasados, los medios de comunicación hicieron públicos los resultados derivados de la auditoría identificada con el número 15-A-01000-04-0563, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (que es un organismo dotado de autonomía, pero dependiente de la Cámara de Diputados Federal) de la cual se advierten diversas anomalías de la administración del exgobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
Salta a la vista sin lugar a dudas la anomalía relativa al sobreprecio de 33.5 millones de pesos en la construcción del nuevo Hospital Hidalgo, al haberse otorgado ésta a la empresa Epccor, S.A. de C.V. no obstante que otros licitantes ofrecieron el mismo servicio a menor precio. ¿Qué significa lo anterior? Significa que existieron constructoras que ofrecían edificar el nuevo Hospital Hidalgo a menor precio y en las mismas condiciones que la empresa ganadora de la licitación, lo que deja entrever un menoscabo al erario público.
Para entenderlo mejor, desarrollemos el tema.
En el caso de la compra de bienes o servicios para las entidades de la administración pública de cualquier nivel u orden, en términos de lo que dispone la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Aguascalientes y sus Municipios, existen solo tres formas de adquisición:
1) La licitación pública, que consiste en un concurso abierto en el cual diversos proveedores del bien o servicio que se desea adquirir, realizan una propuesta técnica y económica. Gana la licitación, quien ofrezca el servicio o bien según los requerimientos técnicos solicitados al menor precio.
2) Invitación a cuando menos 3 personas, procedimiento que, como su nombre lo indica, se desarrolla mediante la invitación a sólo un determinado número de proveedores de entre los cuales se elige la mejor opción en términos de calidad y precio.
3) Adjudicación directa, que es un método de compra de un bien o servicio que no requiere de un concurso entre proveedores, sino que es la dependencia quien elige arbitrariamente a quien comprar. Por su naturaleza, este proceso sólo es posible en compras de bajo volumen, es decir, de muy poco dinero.
En el caso particular del Hospital Hidalgo se advierte una irregularidad no solo de carácter económico sino también de carácter técnico. La de carácter económico tiene que ver con que, de manera opaca, la administración pasada eligió para la terminación del Hospital Hidalgo a una constructora que no garantizaba el mejor precio y calidad del servicio al Gobierno del Estado. Además, dicha empresa ha incumplido diversos términos en la construcción en cuestión.
En una situación entre particulares, lo anterior sería algo carente de lógica. Si al lector un contratista le ofrece construir una casa con materiales de primera calidad en 500,000 pesos mientras que otro le ofrece la misma calidad, pero a un precio de 1,500,000 y en el doble de tiempo, el lector elegiría, definitivamente, la opción más barata. El gobierno anterior prefirió la más cara, no solo porque no se trata del dinero de los impuestos de la gente y no del suyo, sino porque detrás existen prácticas que benefician a unos cuantos, una de ellas el famoso diezmo.
El “diezmo” es un término que se refiere a la ofrenda que en la tradición cristiana se hace a la Iglesia para efectos de que pueda solventar sus gastos. Como bien refiere el término, se trata del diez por ciento del salario lo que debe otorgarse a la Iglesia.
En el diccionario de la corrupción, por el contrario, el vocablo “diezmo” hace alusión a la comisión que un proveedor tiene que otorgarle a un funcionario de gobierno para garantizar la compra del bien o servicio que éste oferta. Esto es, el funcionario pacta con el proveedor asignarle la compra a cambio de que se le otorgue una comisión del monto total de la misma. En este caso, se podría especular una comisión de 33,5 millones de pesos, provenientes de los impuestos de la gente.
Esto debe dejar de pasar. La corrupción debe ser combatida de manera frontal y decidida. El gobernador en funciones tiene una oportunidad de oro para sustentar su aprobación en hechos: debe ser implacable con los actuales funcionarios a fin de evitar cualquier ápice de corrupción y debe castigar, de oficio, los actos de corrupción de la administración anterior. Así ha sido en los dichos del gobernador, esperemos también se dé en los hechos.
