Todas las democracias estables se parecen unas a otras; pero cada democracia fallida tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En Venezuela este motivo tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro. También tiene genealogía: el Chavismo, esa versión tardía del caudillismo autoritario hispanoamericano.
En su infinita incompetencia, el señor Nicolás Maduro ha decidido promover una suerte de autogolpe de Estado como respuesta a la crisis política, económica y social que su propia ineptitud ha generado.
No se trata, desde luego, de un movimiento inesperado. Es la consecuencia lógica del proceso de deterioro institucional que el mismo Maduro ha fomentado prácticamente desde que tomó posesión del Poder Ejecutivo. Si algo ha quedado claro en los últimos cuatro años es que para Maduro las instituciones democráticas -la división de poderes, el Congreso, los derechos cívicos y políticos, etc.- sólo son legítima si están al servicio de su peculiar forma de entender y ejercer el poder. En caso contrario, Maduro, para su fortuna y desventura de su país, carece de escrúpulos cívicos que le impidan violentar las normas básicas del funcionamiento de las instituciones propias de un régimen democrático o incluso, como es el caso ahora con la inhabilitación de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de suspender su funcionamiento.
Esta inhabilitación es, por ahora, la única novedad en el autogolpe de Estado. Maduro. A diferencia de su mentor, Hugo Chávez, quien en febrero de 1992 siendo teniente coronel intentó un golpe de estado de clásico, es decir de corte militar, o de su vecino peruano, Alberto Fujimori, quien en abril del mismo 1992, y con el apoyo de los militares, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y emprendió una persecución política contra sus oponentes, Maduro por esta vez se ha apoyado en el Poder Judicial.
Así, en un ambiente internacional y regional donde la democracia no vive sus mejores horas, Maduro innova los modos y maneras del autoritarismo y da un autogolpe de Estado… desde el Poder Judicial. Lo ha podido hacer ya que en los últimos años en Venezuela se viene disolviendo poco a poco la noción misma de separación de poderes -noción básica en un régimen democrático y garantía mínima para la vigencia del Estado de Derecho- y los márgenes de independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo son cada vez más estrechos, sino es que ya inexistentes.
¿Qué queda de la democracia venezolana una vez que el Poder Ejecutivo ha capturado de manera tan ostentosa el Poder Judicial y ha inhabilitado al Poder Legislativo, qué permanece de la democracia después del asedio continuo a los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos, en especial aquellos que se oponen al actual gobierno?
Lo que queda, lo que permanece es la reserva política y moral de todos los ciudadanos venezolanos que, simple y sencillamente, quieren vivir bajo un régimen político que garantice sus derechos políticos y sociales, que proteja la independencia en la administración de justicia y la labor legislativa, que sepa dar vigencia al Estado de Derecho y resguarde el orden constitucional o, en otras palabras, que sea un régimen genuinamente democrático. En la medida en que, de manera realista e inteligente, así como pacífica y resuelta, se active y amplié esa reserva moral y cívica, en esa medida se podrá salvar la, por ahora, maltratada democracia venezolana.
Antes de que la actual crisis se vuelva en una catástrofe aún mayor, Venezuela requiere iniciar desde ahora la reconstrucción de su vida institucional. La tarea es compleja y posiblemente llevará algunos años reconstruir las bases políticas, sociales y económicas para tener una mínima normalidad democrática. Por lo pronto lo que en esta hora parece urgente es que se tengan elecciones presidenciales a la brevedad posible, elecciones que, además, sean monitoreadas por organismos internacionales y regionales. En este sentido, para México es el momento tanto de asumir sus responsabilidades como país referente en América Latina como de afirmar su compromiso con la democracia y deberá apoyar, sin disimulos ni paliaciones, la inmediata restitución del orden constitucional y la paulatina restauración de la vida democrática en Venezuela.
