- No podemos dar permiso a los ciudadanos para matar: señala diputada priista
- Debe ser prioridad garantizar el actuar de las autoridades policiacas
La reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León, con la que se amplió el concepto de legítima defensa como exclusión al homicidio o lesiones en caso de quien perpetre tales sea víctima de algún delito, ha abierto en Aguascalientes la discusión sobre si la medida, autoría del Partido Acción Nacional (PAN), debe ser replicada o no en la entidad, ante lo cual la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elsa Amabel Landín Olivares, reprobó el que con esto se pretenda legitimar el asesinato de delincuentes por parte de la ciudadanía.
“Con enorme preocupación escuché las declaraciones del diputado Gustavo Báez, de decir que están dispuestos a sumarse a una iniciativa similar a la que se presentó en Nuevo León; no podemos dar permiso a los ciudadanos para matar, para ejercer justicia por su propia mano, eso es gravísimo”, señaló la legisladora local.
Destacó que a raíz de esta legislación en el norte de México, se ha malentendido el planteamiento de la propuesta con base en la legislación local, toda vez que en Aguascalientes sí se contempla excluir responsabilidades penales a ciudadanos que agredan a delincuentes en flagrancia.
“Se está confundiendo, el Código Penal del Estado marca muy claramente en qué casos no estás actuando dolosamente en contra de alguien: si tú tienes que defender tu vida, tu integridad, tu patrimonio, a tu familia, está claramente integrado”, destacó Elsa Landín.
La priista consideró que más que ampliarse los alcances de la legítima defensa en la entidad, resulta necesario detallar criterios para exculpar o sancionar a un ciudadano que con base en tal principio decida agredir a un presunto delincuente.
“Tenemos que ampliar algunos temas y acotar qué se entiende por legítima defensa, pero más que ello debemos garantizar a los ciudadanos que no tengan que matar a alguien para defenderse porque las autoridades no hacen su trabajo”, comentó.
Elsa Amabel Landín destacó que la prioridad no debe ser la reglamentación de la legítima defensa, sino evitar que los ciudadanos lleguen a tales extremos, para lo cual resulta urgente mejorar el actuar de las autoridades policiacas, así como la prevención del delito.
“Debemos ser más duros y tajantes en el tema de sancionar a aquellas autoridades de seguridad que no ejerzan su trabajo, si un ciudadano tiene que terminar sus días en un juicio para demostrar que mató a alguien por legítima defensa, quiere decir que las autoridades no hicieron su trabajo”, comentó la representante popular.
