- No se han tomado las medidas para proveer del capital humano que se requiere
- Los magistrados de la sala electoral no tienen oficinas para trabajar
El Poder Judicial está en crisis por la saturación de trabajo, en el ámbito penal sólo operan cuatro de los seis juzgados que existían con el antiguo sistema de impartición de justicia, debido a que muy pocos jueces están habilitados para tal efecto, indicó el presidente de la Barra de Abogados, Julio César Esparza Hernández.
Resaltó que si bien no hay un gran cúmulo de juicios adversariales penales, llegará un punto en que el sistema colapsará debido a que no se han tomado las medidas necesarias para proveer del capital humano que se requiere.
Aunado a ello, en materia mercantil, ya hay un juicio contemplado en el Código de Comercio en la ley federal, que determina que el año que entra en vigor junto con la oralidad familiar, para 2018 debe ya operar en el estado, que incluye la incorporación de las juntas locales de conciliación y arbitraje.
Si bien consideró un gran cambio de los sistema escritos, engorrosos, ociosos, haciendo esta transición a un esquema que pretende ser más rápido, eficiente y expedito, procura garantizar una impartición de justicia más real y acorde a la problemática del día a día de la ciudadanía, ha quedado en buenas intenciones, pues las leyes están diseñadas para que funcionen, sin embargo el operador es que sacarlo del papel y llevarlo a la práctica.
El litigante recalcó que en el caso de los magistrados de la Sala Electoral, ya han sido nombrados, pero carecen de las herramientas necesarias para desempeñarse, “Hace casi tres meses del nombramiento y los vemos recorriendo los pasillos del Poder Judicial, tienen que hacer sus chambas litigando, porque no tienen una oficina para empezar a trabajar”.
Añadió que están en puerta reformas con una entrada en vigor tajante y no se considera el tiempo necesario para que los profesionistas en el campo, y quienes van a ejecutar los nuevos sistemas se preparen para ese cambio; si bien reconoció que no es una dolencia propia del estado, no se puede pasar por alto.
Tal es el caso que no hay fiscal anticorrupción, ni infraestructura creada en el ámbito federal cuando ya se dio la orden de que se tiene que ejecutar, “Pero el presidente no dice quien, no se crean reglamentos y leyes específicas, leyes orgánicas; pasa porque el presidente de la República da una orden, pero no sabe de dónde van a sacar el dinero para dotar la infraestructura, y se vienen los tiempos encima; lamentablemente los estados seguimos atenidos a lo que la Federación nos diga”.
Esparza Hernández recordó a los legisladores locales que si bien vivimos en una federación, los estados tienen autonomía y soberanía, tienen la obligación de acatar la instrucción federal, pero la facultad y recurso propio para tomar medidas pertinente y necesarias para opera al 100 por ciento este tipo de sistemas.
“Faltan voluntades de un Ejecutivo estatal, del Congreso del Estado, del Poder Judicial que no se ponen de acuerdo para poder desarrollar un esquema y una estructura que nos permita funcionar adecuadamente en el tema de anticorrupción. No hay cooperación ni colaboración y esa falta de unión es el reflejo de que no tengamos ni el consejo ciudadano que va a proponer como estará conformado el cuerpo que operará el Sistema Estatal Anticorrupción”, señaló el presidente de la Barra de Abogados.
