- No se debe cuestionar el trabajo de las instancias: Angélica de la Peña
- El gobierno estatal debe entregar el presupuesto solicitado por los magistrados, a condición de que rindan cuentas
El gobierno estatal debe entregar la totalidad del presupuesto solicitado por los magistrados del Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes, siempre y cuando comprometan a transparentar el ejercicio de los recursos, manifestó la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez.
La legisladora opinó que el gobernador Martín Orozco Sandoval debe permitir que las instituciones trabajen sin apremios ni dificultades, pues de lo contrario podría afectar las decisiones del órgano jurisdiccional: “El Ejecutivo no tiene una potestad más allá de garantizar que las instituciones trabajen de manera adecuada y de manera correcta y plausible, y de un poder a otro poder siempre tiene que haber el respeto”.
En mayo pasado, los magistrados electorales elaboraron un proyecto presupuestal de 36 millones de pesos, que a solicitud de la Secretaría de Finanzas y el Congreso local fue reducido a 19 millones; no obstante, considerando que el monto requerido es todavía excesivo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo plantean la asignación de no más de nueve millones de pesos para lo que resta del año. “Yo soy de la opinión de que sí está bien sustentado y fundamentado lo que están solicitando”, objetó la perredista.
En entrevista colectiva, reafirmó que el estado se encuentra “obligado a garantizar que las instituciones que dependen de su poder pueden hacer las cosas bien y en todo caso dirimir con ellas si lo que están solicitando en cada una de las áreas es correcta o no, pero en caso de los otros poderes me parece que el ejecutivo tiene que respetar lo que decidan los otros”.
De la Peña dijo que independientemente de los recursos que reciba, los miembros del tribunal electoral -designados el 27 de abril- deben rendir cuentas del destino de los recursos que reciban: “Hoy estamos obligados por las Leyes Anticorrupción a que si recibimos un centavo del erario público, tiene que informarse de manera transparente, pública y puntual en que se gastó y eso no exime absolutamente a nadie (…), y aquello que no se utilice tiene que regresarse a las arcas”.
Respecto a la disparidad de la carga de trabajo y los sueldos que los magistrados presupuestan -141 mil 675 pesos brutos- la perredista aclaró que “no estamos nadie ni siquiera un funcionario para cuestionar si hacen poco o mucho trabajo una instancia de un poder que no es el de él, yo creo que tenemos que garantizar que puedan funcionar”.
Un análisis publicado por La Jornada Aguascalientes el 31 de julio encontró que los asuntos en materia electoral resueltos en los últimos nueve años fueron menos en comparación con otras áreas del Poder Judicial, durante el proceso electoral 2015-2016 representaron menos del diez por ciento del trabajo de la Sala Administrativa y fueron nulos en 2011 y 2012, años no electorales.
