- No ha procedido la demanda que el exjefe de servicios interpuso contra la delegación
- La instancia está en disposición de pagar al extrabajador en caso de que así lo determine la jurisdicción administrativa; el proceso lo llevan desde oficinas centrales
Este lunes se llevó a cabo una diligencia para requerir a la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor una garantía de suspensión por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, derivada de la demanda interpuesta por el exjefe de Servicios, quien dejó de laborar en dicha instancia en 2014.
El titular de la dependencia, Rodrigo Infante de Alba, consideró que el asunto fue indebidamente mediatizado por los actuarios, ya que no es un laudo definitivo, se lleva a cabo el litigio en oficinas centrales; aclaró que es una parte procesal donde se les requirió cubrir 163 mil pesos, para lo cual se pidió un prórroga de 20 días para las gestiones necesarias al interior de la misma dependencia a fin de solventar el pago, ya que se tiene que consensuar con la parte presupuestal y organizacional de la institución, al ser un recurso que se tiene que dirigir directamente de oficinas centrales; destacó que este litigio también se lleva desde allá, en la delegación no se tiene ninguna actuación o acción por parte del departamento jurídico.
El funcionario federal puntualizó que esto se deriva de la demanda del actor por un supuesto despido injustificado; detalló que según el antecedente con que él cuenta, ya que en 2014 cuando sucedieron los hechos aún no pertenecía a la dependencia en cuestión, se llevó a cabo una supervisión por parte de oficinas centrales para verificar y hacer un diagnóstico de la delegación. Se detectaron irregularidades donde el demandante se desempeñaba; se procedió al levantamiento de acta, “por lo que yo entiendo, porque no estuve presente, se levantó y se retiró de las instalaciones, los compañeros de la delegación no tuvieron conocimiento de él hasta ayer (lunes) que se presentó para llevar a cabo esta diligencia”.
Dijo que en este sentido, la institución cuenta con elementos suficientes para el despido justificado de esta persona; se detectó que en el tiempo que estuvo al frente de la jefatura de Servicios, se tiene un rezago administrativo importante, lo mismo cuando fungía como jefe de Verificación, con expedientes faltantes, multas que no se mandaron a cobro, acuerdos directos con proveedores, entre otras situaciones que han complicado el actuar de quien actualmente asume el cargo. “El actual jefe de departamento, Diego Abraham Bonillo Ortiz, está trabajando conforme a derecho y solventando las deficiencias con las que contaba el área, de manera responsable”.
Infante de Alba precisó que la parte actora se negó al término de 20 días para cubrir con el recurso solicitado para las gestiones necesarias, por lo que se les solicitó señalar algún bien; está bajo custodia y en garantía una camioneta, y al no quedar conforme la otra parte, se señaló otro vehículo, pero no equipo de cómputo u otros implementos de trabajo o recursos como se hizo reseña en algunos medios, recalcó el funcionario, “son dos camionetas utilitarias que se requieren para verificación, hacer diligencias, monitoreo, vigilancia y calibración de básculas, son necesarias para las activaciones y nos afectan en el trabajo de la delegación”.
Enfatizó que la delegación en ningún momento se ha negado a solventar y cubrir las necesidades o reparación de daños que procedan, “el apego a derecho es fundamental, no estamos negándonos”, sin embargo esperarán a que la parte jurídica administrativa emita lo resultados correspondientes para cubrir con lo requerido, ya que el proceso aún no termina.
Sobre la cantidad superior a los 350 mil pesos que se manejó por concepto de sueldos caído, parte proporcional al aguinaldo, entre otros conceptos, Infante de Alba señaló que aún no está firme esa cantidad, está en litigio, el cual es la parte judicial responsable, desde las oficinas centrales, por lo que la garantía que se da con los vehículos incautados es en caso de que se pierda la demanda, “la Junta tendrá que resolver y disponer del recurso para otorgárselo a la parte actora, esperando que se deslinde la situación y termine el procedimiento; me llama la atención que el tema se haya politizado y mediatizado; Profeco podrá ejercer su derecho por los señalamientos que hay contra el extrabajador y las irregularidades que se encontraron en la investigación”.
