- Hasta en un 80 por ciento de casos de desapariciones forzadas, las víctimas no son localizadas
- En los procesos en que ha dado acompañamiento el Ovsga, el 40 por ciento de las personas fueron halladas sin vida
A partir del año 2009 en que se dictó sentencia sobre el feminicidio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, y con la ratificación de la misma en 2012, el estado tiene la obligación de activar una serie de redes de apoyo y pasos muy específicos cuando desaparece una mujer en el estado y en el país, sin embargo éstos no se realizan, condenó Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga).
Apuntó que únicamente tres entidades en el país, Jalisco, Chihuahua y Estado de México, trabajan con el Protocolo Alba, mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío; en la entidad se tiene el compromiso de su implementación, por lo que el Ovsga iniciará un trabajo conjunto con la Fiscalía del Estado para ponerlo en marcha, “no lo festejamos porque es una responsabilidad, pero es como abrir un camino que hemos venido exigiendo desde hace muchos años”.
Esto implicará una debida diligencia para la investigación inmediata, ya que en la mayoría de los casos de personas desaparecidas se obstaculiza por estereotipos, malos tratos, la oficiosidad de los procesos de búsqueda, que se tiene que diferenciar, ya que un tema de investigación y de búsqueda son diferentes, explicó la activista; cuando se denuncia que una persona está desaparecida se tiene que iniciar la búsqueda paralela a la investigación, “no podemos detenernos en oficios de actuación, tenemos que empezar a hacer rastreos y apoyarnos de los medios de comunicación, una serie de pasos que no se están llevando a cabo”.
Detalló que la idea es que este protocolo se aplique en el ámbito nacional, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres será la encargada de implementarlo; ya se llevan a cabo pláticas consecuentes con fiscales y procuradores de justicia en las entidades, trabajo que se ha impulsado por familiares y organizaciones encargadas del acompañamiento de personas desaparecidas.
Con la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada la semana pasada, se plantean una serie de mecanismos que se tienen que activar en cada uno de los estados; para Aguascalientes se tiene registro de entre 178 y 190 personas desaparecidas, aunque se estima que podrían ser más de 250 debido a que hay familiares de víctimas de este tipo que no dieron seguimiento al caso o no tienen número de carpeta o averiguación; de este universo, 99 son mujeres, de acuerdo al Registro Nacional de personas Desaparecidas, que se actualiza con información de las Fiscalías y Procuradurías de los estados.
Ávila Montejano también señaló que esta plataforma nacional es pobre en información a comparación de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil; dijo que los casos que se tiene registro, algunos están divididos en delitos del fuero común y fuero federal, implica en qué lugar desaparecen y quiénes podrían estar relacionados con su desaparición. “La desaparición forzada implica que esté involucrada alguna autoridad”.
Enfatizó que en la mayoría de los estados los familiares de las víctimas no se acercan a las asociaciones civiles organizadas, a los medios, ni a la sociedad en general; quienes lo han hecho manifiestan que las autoridades les recomiendan que no lo hagan público, por seguridad ya que es probable que se trate de un secuestro. “Las familias transitan el proceso de búsqueda de sus familiares solas y en silencio total”.
Es necesario reforzar la cultura de participación y de solidaridad, ser empáticos con los demás, porque el problema de desaparición forzada está latente y más presente que nunca en el estado mexicano; si no se hace visible, no se puede atender. La coordinadora del Ovsga, apuntó que en los estados colindantes como Jalisco y Zacatecas, se han encontrado muchas fosas, se han armado caravanas de personas migrantes, pero no hay coordinación con los mismos, ni siquiera en lo gubernamental; de los casos que han sido acompañados por el Observatorio, en tres procesos se localizaron a las víctimas en fosas de Jalisco. “Son a muy pocas familias las que acompañamos y a lo largo de los últimos cinco años han sido cerca de 35 a 40, de quienes no aparecen de manera inmediata o en la primer semana”.
Recalcó que un número importante de víctimas que no son localizadas, o en los casos en que no se activan los mecanismos de manera inmediata, no son halladas con vida; en los procesos en los que han dado acompañamiento, el porcentaje es del 40 aproximadamente, sin embargo en el ámbito nacional las organizaciones señalan que esta cifra alcanza el 70 u 80 por ciento de personas que no son localizadas.
