- Urge que el Congreso dote de más “dientes” a las contralorías
- Irregularidades no pueden quedar sólo en observaciones, es necesario que los responsables paguen
Acusa el Partido de la Revolución Democrática que desde el año pasado el entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre se blindó para que no se pudieran auditar las cuentas públicas del sexenio que estuvo a cargo, situación que aseguró Emanuelle Sánchez Nájera, presidente del partido, fue advertida desde que se gestaba, pero no se tomaron acciones por parte autoridad alguna.
Reiteró que la idea del exgobernador de llevar a cabo auditorías contemporáneas, era para ocultar lo ejercido en el último año de su administración; sólo se podrían revisar las cuentas del último trimestre, que al entrar en funciones Martín Orozco Sandoval el primero de diciembre de 2016, este tiempo se redujo a únicamente dos meses.
Urgió al Congreso del Estado a que se modifiquen las reglas de operación de los órganos de fiscalización, y no porque la instancia como tal tengan un mal desempeño, sino porque se utiliza para saber de fondo las irregularidades, mismas que posteriormente se solventan o no de acuerdo al objetivo político que se tenga.
“Hay algunos momentos en los que dependencia y presidencias municipales pueden tener acceso a que ya no se les cuestione sobre las cuentas y el ejercicio de este recurso; otros por el contrario empiezan a ocurrir filtraciones y chantajes políticos para lograr ciertos objetivos; esto no debe ser así”, condenó el perredista.
Exhortó al pleno legislativo para que se regule que en el caso de las auditorías contemporáneas, para quien quiera recurrir a ellas, que no implique la automática eliminación de estos criterios; si en tiempo y forma se revisa en qué se gasta cada rubro esto no implica que no se pueda revisar el cúmulo al final.
El líder del PRD dijo que como está actualmente la ley, permite que no se pueda analizar, y en su caso sancionar, por el manejo del recurso público en los primeros nueve meses del año 2016, último del ejercicio político de Lozano de la Torre como gobernador: “Llama mucho la atención que mientras Lozano tenía el control del Órgano de Fiscalización, el gobierno no tenía ningún problema con sus cuentas, según ellos no tenían nada que tapar, había muy poco para analizar, y resulta que en los últimos dos meses le podemos conocer todo el monto millonario que de pronto hay de cerca de 300 millones de pesos”.
Comentó que fue polémica la postura de eliminación del fuero en las últimas sesiones de la pasada legislatura, tema que sigue sin discutirse en el pleno; otro punto que quedó en el tintero fue la supuesta sanción a Juan Antonio Martín del Campo, “ocurrió lo que habíamos adelantado, que al principio iban a estar las cuentas públicas del Gobierno del Estado, para que el punto distractor fuera este otro show que se había montado; hay todos los elementos para poder entender que el gobierno estatal preparó la salida administrativa con el objetivo de salir lo menos manchado posible”.
Sánchez Nájera recalcó la importancia de que el actual gobierno que actúe de manera legal, así sea sólo con los dos meses que se tiene dato de irregularidades por más de 300 millones de pesos; que no sea un mero tema mediático, que no vaya más allá de haber evidenciado la existencia de este tipo de desvíos, pero que no haya consecuencias.
Refrendó el llamado para que las instancias competentes actúen en congruencia con las últimas revisiones para que se esclarezca hasta el último centavo de lo observado; de otra forma sólo quedará en un acto de simulación, donde se habla, pero no hay una acción en concreto que perjudique la carrera política de nadie.
El dirigente del PRD reconoció que el mayor problema de las auditorías es las limitantes que tienen para actuar desde el aspecto legal; ya que después del análisis donde se detectaron las irregularidades, los procesos ingresan a la Contraloría de cada instancia, mismas que carecen de “dientes” para ejercer acciones. Se debe recurrir, una vez que se revise que no se pueda hacer sólo una auditoría contemporánea para desligarse de todo, debe regularse que al encontrar estos actos de corrupción o desvío de recursos se puedan comprobar, que exista acción penal inmediata en contra.
“Por lo pronto ni siquiera es ese ámbito vinculatorio, entonces pueden pasar cosas como éstas o como muchas otras; al final va de irregularidades a irregularidades, de procesos, si es desvío o no, si administrativamente hicieron mal, si es un dinero que simplemente desapareció”; explicó que aún y con todo este análisis, difícilmente se puede incurrir en acciones penales.
Sobre la designación de Martha Márquez Alvarado al frente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el perredista dijo que si bien hubo el compromiso de que participara un ente ciudadano, dijo que al parecer no fue funcional, por lo que consideró que es importante que se le dé el beneficio de la duda a la funcionaria, con la confianza de que actuará conforme lo demanda el puesto, para evitar que incremente la corrupción en el ejercicio público, y en que en su caso se sancione.
Precisó que es también responsabilidad del Congreso regular para que, como este nombramiento, otras acciones no queden al arbitrio del gobernante en turno; recalcó que no se puede descalificar a priori, asegurar que hará un mal trabajo o que va llegar a tapar; se ha dicho que designarla al puesto obedece a que culminará el proceso de denuncias. “Ojalá sea cierto, si es así, bienvenida, pero no debe permitirse que sea una facultad íntegra del Gobierno del Estado (…) la simple ciudadanización de los espacios no está solucionando los problemas, tiene que haber cambios de fondo”, comentó Sánchez Nájera.
