- La separación obligatoria de los cargos de quienes pretendan reelegirse fue impugnada por seis diputados locales y un funcionario público
- La decisión está en manos de la Sala Monterrey del
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) espera el esclarecimiento de si será o no obligatorio que los diputados locales que busquen su reelección, tengan que separarse de sus cargos previo a la contienda.
Esto luego de que seis integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado impugnaran el calendario electoral ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en particular la fecha límite establecida para que los servidores públicos dejen sus puestos para poder contender en los próximos comicios, recordó el presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz: “Nosotros lo que queremos es tener un procedimiento electoral muy claro y que todos los contendientes, en este caso estamos hablando de una figura inédita en Aguascalientes que es la reelección de los diputados y que tanto ellos como nosotros tengamos claras las condiciones bajo las cuales se podrán postular”.
Los legisladores pertenecientes a las bancadas de PRI, PVEM, PES y Morena pretenden que la Sala Monterrey declare inconstitucional el artículo 156-B del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, que mandata a los representantes populares que pretendan reelegirse, pedir licencia para dejar sus cargos 90 días antes de las elecciones.
“Argumentan, en su mismo escrito de impugnación, que hay un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se declara inconstitucional la legislación de Yucatán que establece la separación del cargo para aquellos funcionarios que pretendan reelegirse. Bajo ese argumento, solicitan que se haga una revisión jurisdiccional de este requisito y solicitan la inaplicación de lo que establece nuestro Código y por lo tanto la agenda electoral. Estamos ahorita a expensas de eso”, explicó Landeros Ortiz.
Debido a este antecedente, consideró que los juicios para la protección de los derechos político-electorales tienen amplias posibilidades de prosperar: “Es un criterio emitido por el máximo tribunal del país, seguramente la Sala Monterrey hará lo propio con ese tipo de medios de impugnación y declarará inconstitucional ese fragmento de nuestro código (…). Los tribunales no son formalmente legisladores pero de facto emiten criterios que modifican la norma y prácticamente están legislando”.
El consejero se dijo respetuoso de cualquier pronunciamiento del TEPJF.
Los seis expedientes fueron turnados al magistrado Yairsinio David García Ortiz y, por el momento, no se ha definido una fecha para su resolución. A los promovidos por los diputados locales, se sumó un juicio con las mismas intenciones de Armando Quezada Chávez, quien actualmente se desempeña en la administración pública.
