- En los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades Federativas se recibieron 172 mil 078
- Presenta Inegi resultados del primer Censo Nacional de Derechos Humanos 2017
Durante 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 45 mil 690 solicitudes de queja, mientras que los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades Federativas (OPDH) recibieron un total de 172 mil 78. Del total, 30.3% fueron aceptadas, procediendo a abrir expediente.
Durante 2016 la CNDH atendió 14 mil 494 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en tanto los OPDH atendieron un total de 80 mil 820 expedientes. Del total, 68.2% se abrió (por solicitud de queja y por oficio) durante el año de referencia, y el restante 31.8% provino de años anteriores a 2016.
En los 95 mil 314 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos atendidos por la CNDH y OPDH al cierre de 2016, se registraron 148 mil 947 presuntos hechos violatorios de derechos humanos, Puebla destaca como el estado que obtuvo el mayor promedio de éstos por personal adscrito a las Visitadurías de los OPDH, con un valor de 653.1 hechos presuntamente violatorios por servidor público adscrito a referidas unidades administrativas. Cabe precisar que Tamaulipas reportó no saber la cantidad de hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos durante 2016.
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En 2016, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y OPDH, con 24.8% y 10.1%, respectivamente.
De los 63 mil 406 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2016 por la CNDH y OPDH, 16.5% se concluyó por haberse solucionado por conciliación, 13.5% por acuerdo de acumulación de expedientes y 8.4% por acuerdo de no responsabilidad. a CNDH y los OPDH emitieron un total de mil 774 recomendaciones a las instituciones públicas de los diferentes ámbitos de gobierno, siendo 62.6% para autoridades del ámbito estatal, 34.9% para instituciones del ámbito municipal y el restante 2.5% para autoridades federales.
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En ese mismo año, la CNDH emitió 71 recomendaciones a diferentes instituciones públicas, mientras que los OPDH emitieron un total de mil 703. Del total, 62.6% fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las Entidades Federativas las autoridades que recibieron la mayor proporción (39.5%) en dicho ámbito de gobierno.
En cuanto a los 3 mil 992 servidores públicos que integraron los OPDH al cierre de 2016, 19.2% se encontraba adscrito a Visitadurías Generales o Subprocuradurías, mientras que dicho porcentaje se incrementa a 52.3% para el caso de la CNDH.
En lo que respecta al nivel de escolaridad de estos servidores públicos, se identifica a la Licenciatura como grado de estudios más frecuente, con 52.3% del personal de la CNDH y 66.7% de los OPDH.
Entre la información que se puede consultar en los tabulados es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que contaron las referidas unidades de análisis, destacando que al cierre del 2016 se tuvo registro de 631 unidades administrativas, donde resalta Estado de México, Chiapas y Sonora, al concentrar 10.5%, 5.2% y 4.4% del total nacional, respectivamente:
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El promedio de servidores públicos por unidad administrativa, la CNDH encabeza la lista, con un aproximado de 101.3. Le siguen Ciudad de México, con 36.2 y Jalisco, con 12.0:
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De acuerdo al Inegi, con este Censo se propone generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño, tanto de la CNDH como de los OPDH, profundizando en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadoras de la política de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia; todo ello con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.
Con información del Inegi
