- 55 mil 500 personas fueron detenidas por faltas administrativas
- Beber en vía pública, estar bajo el influjo de algún sicotrópico o enervante o causar disturbios fueron las mayores detenciones en 2017
Con 55 mil 500 personas detenidas por faltas administrativas principalmente por disturbios en la vía pública, consumo de bebidas embriagantes y estar bajo el influjo de algún sicotrópico, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (SSPM) aumentó en 20 por ciento el número de este tipo de aprehensiones en 2017 conforme a 2016 informó el secretario Antonio Martínez Romo, quien consideró “prudente” que este tipo de acciones vuelvan a convertirse en delitos.
La SSPM entregó su informe de resultados del año 2017 en el que dio a conocer que en el año pasado fueron detenidas cuatro mil 551 personas, de las cuales cometieron delitos del fuero común 192 y seis más trasladados a la Procuraduría General de la República.
En los últimos dos meses, agregó el titular de dicha dependencia, han disminuido los robos según datos de la Fiscalía General del Estado con un porcentaje diez por ciento menor que en los meses anteriores gracias a los operativos conjuntos que se han realizado con el resto de las corporaciones en la entidad y al incremento del parque vehicular por parte de la Secretaría.
Sin embargo, ayer Martínez Romo afirmó que además fueron detenidos 55 mil 500 personas por faltas administrativas durante 2017, cifra que tuvo una alza del 20 por ciento en comparación con 2016. Estas detenciones se dan principalmente por disturbios, ingerir bebidas embriagantes en vía pública o estar bajo el influjo de algún enervante o sicotrópico lo cual se castiga con una multa desde 400 pesos o una detención de 36 horas, “La propia ley así lo establece”.
Los detenidos por faltas administrativas en el municipio de Aguascalientes, explicó el secretario de Seguridad Pública, suelen ser personas reincidentes, al haber casos extremos como el de un individuo que ha tenido hasta 100 detenciones.
En el esquema meramente municipal no se cuenta con la facultad para constituir, como antes existió, la vagancia y la indigencia como un delito, ya que esto consistía una violación a los derechos humanos por lo que Martínez Romo consideró “prudente” la posibilidad de que las faltas administrativas se volvieran a convertir en un delito aunque esa será una determinación de “los estudiosos del derecho”.
