- Debido, principalmente, a trabajos que no se ejecutaron en tiempo y forma ante Ivsop e Issea
- También hubo un particular inhabilitado el año pasado
El año pasado, por lo menos nueve licitantes, proveedores y contratistas del gobierno estatal fueron sancionados por órganos internos de control debido a diferentes incumplimientos, uno de los cuales fue también causa de inhabilitación por tres años.
De acuerdo con datos de la página de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu) que a partir de este año se convirtió en Contraloría el monto de las sanciones económicas impuestas a personas físicas y morales -con corte a septiembre de 2017- asciende a más de 423 mil 170.78 pesos.
Los proveedores con mayor número de penalizaciones son: Denisse Celilly Jayme Valerio, multada dos veces por 21 mil 2.97 pesos y 18 mil 784.36; Estructuras Civiles y Arquitectónicas S.A. de C.V., recibió sanciones por 46 mil 67.23 pesos, 39 mil 66.38 pesos y una tercera que no fue posible consultar; así como Olda Construcciones, tuvo dos multas por 26 mil 885.28 y 25 mil 971.52 pesos.
La empresa con la penalización más onerosa fue Privaco S.A. de C.V., con 187 mil 990.08 pesos.
También fueron multados Arroyo Co. S.A. de C.V., con 13 mil 301.99 pesos; Sayas Construcciones S.A. de C.V., con 16 mil 740.73 pesos; I.C. Edgar Alejandro Miranda Fuentes en asociación con la empresa Proyectos y Construcciones Miranda SA de CV, con 27 mil 360.60 pesos y RIC Ingeniería y Construcciones, con un monto al que no pudo accederse.
Todas estas sanciones fueron impuestas por el Instituto de Vivienda y Ordenamiento de la Propiedad (Ivsop) por trabajos que no se ejecutaron en tiempo y forma. Aunque algunas datan de años anteriores a 2017, el cobro fue ordenado en ese ejercicio.
Las cantidades antes mencionadas se calcularon a partir de la fecha de término contractual o convenios de ampliación en tiempo, según sea el caso, y hasta la conclusión y recepción de los mismos.
Por no prestar el servicio contratado, un particular de nombre Armando Luna Ruiz fue inhabilitado por el Instituto de Servicios de Salud (Issea) por tres años, del 26 de mayo de 2017 hasta el mismo mes de 2020. En este plazo, estará impedido para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias del estado.
La página de la Contraloría del Estado no exhibe castigos impuestos por otras dependencias.
Según la contralora, Martha Márquez Alvarado, hasta la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción a partir del 2 de agosto de 2018, “podremos estar nuevamente sancionando a proveedores y particulares que ejerzan recursos públicos”.
