- Reconoce abogado defensor que prometió dinero a cambio de votos a favor de Morena; defendido ofreció dinero para que lo hicieran pasar como aviador del trabajo temporal
- Morena se deslinda del abogado acusado de fraude y de la propia asociación
Se tergiversa con intereses partidistas y tintes políticos el caso de las más de 180 personas que fueron supuestamente defraudadas por la asociación Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes); el 21 de agosto de 2017 le dimos a conocer en La Purísima… Grilla la presunta denuncia interpuesta en contra de Manuel González, dirigente de la agrupación civil por la contratación de estas personas en un proyecto que según estaba avalado por la Sedesol para empleo temporal en la escuela primaria Enrique Martínez Monroy, para labores de rehabilitación de la misma, en la colonia López Portillo.
Gabriel Olimpo Montiel Cazares, abogado de los supuestos defraudados, señaló que Manuel González les había ofrecido empleo remunerado por mil 400 pesos a la semana, pero después de siete meses no hubo pago alguno; calculó que la demanda por los pagos atrasados superaría el millón 250 mil pesos, y además, desde ese momento vinculó el caso al partido Movimiento de Regeneración Nacional al señalar al representante de Mopes como diputado suplente del actual legislador de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos, sin embargo nunca comprobó ninguno de estos hechos y en entrevista previa a presentarse ante la Fiscalía al mediodía de este lunes, cayó en diversas inconsistencias.
El abogado defensor aseguró que la audiencia fue porque presentó una denuncia en contra de tres personas presuntamente afectadas por el fraude ya mencionado, de las cuales ha sufrido supuesta extorsión, intento de secuestro y daño moral, “va juntamente con la representación legal de los intereses de los afectados de La Barranca, son personas que me han estado pidiendo dinero supuestamente para protección, porque estas personas dicen que son de la delincuencia organizada”.
Él mismo reconoció que en varias ocasiones mandó mensajes a Manuel González solicitando la liquidación de los derechos laborales de sus trabajadores, “para que la gente vote por usted”; este recursos es del que lo acusan que ya ha sido recibido y no repartido entre los afectados. Aseguró además que por los 180 trabajadores se demanda una suma entre los 12 y 13 millones de pesos, que en mucho dista del millón 250 mil pesos que manejaba en agosto, cuando supuestamente se presentaría la demanda.
Montiel Cazares también afirmó que se presentó ante las oficinas de Morena en el ámbito nacional, para pedir, al entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria del partido, Yeidckol Polevnsky, en un oficio recibido el 1 de diciembre pasado, que se expulse al dirigente de Mopes y sea procesado por los delitos que supuestamente se le imputan en el caso laboral; además, dijo que se comprometió a que las 180 personas votarían por Morena si se les cumplía con el pago requerido.
En el mismo tenor fue cuestionado Juan Martín Torres Aranda, denunciado por Gabriel Olimpo por supuesto delito de extorsión, enfatizó que lo único que han buscado es que se les regrese su dinero, pues reconoció que como a él, otros tantos aceptaron otorgarle al abogado diversas sumas de dinero, en su caso 47 mil pesos, a cambio de que los incluyera en el proceso de demanda colectiva, como aviadores del programa de empleo temporal; a cambio dijo que se le prometió una suma de 165 mil pesos, que recibió en un cheque sin fondos en noviembre pasado, ante la presión que con otras cuatro personas ejercieron en contra de Montiel Cazares.
Cuestionado por La Jornada Aguascalientes, el presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Aldo Ruiz Sánchez, argumentó que se trata de una mentira en la que quieren involucrar al partido que representa, ya que sostuvo que no tienen ninguna relación con la asociación Mopes y mucho menos con el abogado que representa a los supuestos defraudados por la misma. “No hicimos acuerdo con el abogado Gabriel Olimpo; no estamos involucrados en eso ni sabemos cómo está la situación, ni con la asociación ni con el abogado”.
Consideró esto como una difamación que podría tratarse de un golpeteo político; además lamentó que este asunto se haya desviado del punto inicial, que era ayudar a los defraudados, pues las personas que trabajaron en el proyecto han sido las menos tomadas en cuenta. “No tenemos nada que ver, Morena no autorizó ni el proyecto, ni dinero, ni nada; esperemos que a los defraudados se les pague pronto (…) se está politizando, y exigimos que cada quien responda por sus hechos”.
