Casi a diario, la detección de tomas clandestinas se ha vuelto una nota recurrente que refleja uno de los fenómenos delincuenciales más delicados que padece México en este momento.
El robo de combustible de los ductos de Pemex es hoy la segunda actividad ilícita que más utilidades deja a los cárteles, después de la producción, distribución y venta de drogas. De ese tamaño es el problema para el que, el Gobierno Federal, no ha presentado ni el interés ni la estrategia eficaz para acabar con este grave problema que ya es considerado un problema de seguridad nacional.
Pemex informó que el año pasado fue el año con más robos de gasolina y diésel, y destacó que, del 2016 al 2017, el número de tomas clandestinas detectadas creció, solo ese año, en más del 50%, al pasar de 6 mil 873 a 10 mil 363 los ductos picados para sustraer combustible.
Este robo de energéticos les produjo a las bandas de criminales ventas de al menos dos mil 282 millones de pesos, fomentando con ello un amplio y vasto mercado negro de combustible robado, que a estas alturas, parece tarea bastante complicada revertir este grave problema que genera sangría importante a la economía del país.
Sin embargo, es importante cuestionar: ¿A dónde va a parar tanto combustible robado?
La respuesta no se construye con una palabra o un concepto, sino que es preciso revisar que en cada región del país hay lugares en donde se vende a particulares el combustible, a precios por debajo de su costo normal.
Industriales del ramo transportista han aceptado en varias ocasiones que hay compañías de camiones que le entran a la compra de combustible robado.
Las principales entidades en donde se roban el combustible a través del sabotaje de tubería de Pemex son: Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, en donde se concentra más del 60% del combustible robado.
En los últimos años también ha sido noticia, aunque no con la frecuencia como se espera que sea, el que funcionarios, directivos y trabajadores de la empresa productiva del estado, están metidos en el negocio del robo de combustible.
Un negocio ilícito de más de dos mil 282 millones de pesos por año no puede ser escondido así de sencillo si no cuenta con el apoyo de consultores, asesores financieros, operadores y fachadas para el lavado de dinero.
En el caso de Aguascalientes, la Policía Federal asesta de tres a cinco golpes por año, con la detención de camiones cisterna que transportan hasta 30 mil litros, sin embargo, esos son solo los que detienen, porque los que no, esos van a abastecer a un mercado negro de combustibles.
¿De verdad no saben las autoridades quién, en dónde, cuándo y cómo se comercializan tantos millones de litros de combustible
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