- La poca participación en las urnas es detonante para actividades clientelares, ilegales y fuera del marco jurídico
- En México entre el 5 y el 9 por ciento del PIB se va en pago de sobornos y corrupción
La corrupción se encuentra en todos los ámbitos de la política; Braulio González Vidaña enfatiza que desde 1977 México ha vivido una sucesión de siete reformas político electorales durante 40 años, con las que se ha pretendido hacer frente a esta problemática que está latente en el mundo, sin que hasta el momento los avances hayan sido los esperados.
Precisó que de acuerdo a datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo cerca de 2.6 billones de pesos se van en cuestiones de corrupción, lo que representa el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); se calcula que en países subdesarrollados se pierde una cantidad diez veces mayor que la que se destina a la asistencia social para el desarrollo de la población; se ha llegado a considerar a la corrupción como un impuesto que se cobra a los negocios, pues representa el diez por ciento de lo que tienen que hacer para operar.
El ponente del tema Corrupción y Campañas en la Cumbre Mundial de Comunicación Política enfatizó que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo, ya que se generan redes que producen interacciones delictivas que afectan el desarrollo económico y social, como es el caso en México donde entre el 5 y el 9 por ciento del PIB se va en pago de sobornos y corrupción, lo que debilita a las instituciones gubernamentales, exacerba problemas de redes de delincuencia organizada, promueve tráfico de drogas, trata de blancas, comercio de especies en peligro de extinción, así como la falsificación de billetes, entre otros problemas de inseguridad.
Puntualizó que esto se deriva desde la corrupción que impera en las campañas electorales, misma que se quiere combatir a través de las estrategias jurídicas que el sistema ha establecido; para esta elección se votará por 3 mil 406 cargos en todo el país, que incluyen un presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, 16 alcaldías en la CDMX, mil 596 ayuntamientos, 972 diputados, 8 gobernadores, un jefe de gobierno en la CDMX y 184 cargos locales, para lo cual hay 86 millones de mexicanos con su registro ante el INE para votar, sin embargo no todos ejercen este derecho.
Dijo que la propuesta para disminuir los actos de corrupción es establecer el voto obligatorio, con lo cual se reduce el clientelismo en las campañas; los países que tienen voto obligatorio presentan participación por encima del 60 por ciento, hasta el 89 por ciento en Uruguay a excepción de Chile que es de 49 por ciento; en donde no es obligatorio baja y es detonante para actividades clientelares, ilegales y fuera del marco jurídico.
“Si hay baja participación hay más condiciones de corrupción en campañas”, destacó el ponente, ya que hay fuentes ilegales de recursos, se simulan contratos con empresas fantasma para que cobren montos determinados que se dispersa para una campaña o candidato determinado; se fomenta la incrustación de operadores políticos en las nóminas de los gobiernos estatales, subsidios cruzados entre los estados de la República, padrones inflados de programas sociales para cobrar cheques inexistentes y descuentos de nómina que se aplican a campaña.
Propuso como solución reducir los costos de las campañas estructurales, romper la lógica de intercambio de dinero por contratos o permisos; si bien recalcó que hay un proceso de fiscalización en el que actualmente con la LGPP y el reglamento de fiscalización tienen que informar cada 30 días durante el proceso electoral sobre los gastos de campaña generados, no es suficiente para el combate a la corrupción.
Los dilemas de la democracia electoral radican en la partidocracia y la corrupción, está presente el gasto excesivo para financiar las campañas, debilitamiento sistemático de oposiciones independientes, alianzas y coaliciones coyunturales, crisis de credibilidad; esto se ha contravenido con el uso discriminado de recursos con dinero proveniente de contratistas, crimen organizado y otros tipos de desvío para los partidos.
González Vidaña apunta que el origen del financiamiento desmedido a partidos y el proceso electoral como tal tienen su origen en la reforma de 1996, cuando se operaba con 596 millones de pesos, para 1997 se aumentó la participación a 2 mil 111 millones de pesos, para 2012 alcanzaba 6 mil 583 millones de pesos y en este ejercicio democrático la cifra asciende a cerca de 12 mil millones de pesos, 42 millones 963 mil 332 pesos son para que los candidatos independientes promuevan el voto a su favor; el costo de la democracia político electoral mexicana es alto, el reto es que se atienda a los sistemas de fiscalización que entraron en vigor con la reforma electoral de 2014, el tope autorizado oficial de las campañas electorales es de mil 646 millones de pesos.
