- En la última entrega de resultados, se detectaron subejercicios por 5.3 millones de pesos y un monto no comprobado por 3.8 millones, del cual la institución ha devuelto 1.8 millones
- Se pagaron más de 90 mil pesos a un trabajador sin cédula profesional
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó anomalías por más de siete millones de pesos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en 2016.
En el último año de la rectoría de Mario Andrade Cervantes, este centro de estudios no acreditó el destino de tres millones 857 mil 300 pesos transferidos mediante el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, de acuerdo con el informe 188.
De este monto, un millón 708 mil 695.20 pesos corresponde a traspasos excedentes a las cuentas de recursos propios y a cuentas pagadoras de nóminas del personal de la UAA, de los que no se acreditó su reintegro a la cuenta origen, según la tercer entrega de resultados a las revisiones a la cuenta pública 2016.
También se encontraron posibles daños a la Hacienda pública federal por 173 mil 171 pesos tienen que ver con el importe correspondiente al impuesto sobre la renta de estímulos del personal del ejercicio fiscal 2015.
Además, se requirió a la institución la devolución de 90 mil 116.28 pesos, derivados de pagos improcedentes a un trabajador que no comprobó título de licenciatura registrado en términos de ley, ya que no se encontró su cédula profesional en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Por este motivo, la UAA presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, no acreditó el reintegro del dinero.
En el transcurso de la auditoría, la universidad devolvió un millón 885 mil pesos.
La ASF detectó también un probable subejercicio de cinco millones 32 mil 965.30 al corte del 31 de diciembre de 2016, por lo que requirió a la UAA presentar los documentos que demuestren que los recursos fueron aplicados de acuerdo con lo establecido por la normativa.
Por lo anterior, el órgano fiscalizador emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de transferencia de recursos.
“La universidad no dispone un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”, se lee en el informe.
También señaló que los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos no se publicaron en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado.
