La Fiscalía dio carpetazo a las defunciones sin la reconstrucción de los hechos, por falta de peritajes, denunció el Observatorio de Violencia Social
Desde 2009, todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo suicidios, deben investigarse con perspectiva de género
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga) prepara tres juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para reabrir casos de probables feminicidios a los que, sin suficiente investigación, el Ministerio Público dio carpetazo como suicidios.
Lo anterior, luego de que el pasado 20 de febrero el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito concediera un amparo a la organización para retomar el expediente de Yovanna Torres Briseño, cuyo deceso registrado el 26 de mayo del 2013 fue catalogado -en medio de inconsistencias- como autoprivación de la vida por el entonces fiscal Óscar González Mendívil, a pesar de que los familiares rechazaron ese dictamen debido a los antecedentes de violencia que sufría por parte del esposo.
El asesor jurídico del Ovsga, Wilfrido Isamí Salazar Rule, informó que otros tres suicidios comparten similitudes con el caso de Yovanna, ya que en las averiguaciones previas y carpetas de investigación están plagadas de irregularidades por no haber hecho una correcta reconstrucción de hechos, ya que además de la autopsia no se aplicó toda la batería de peritajes previstos en los protocolos.
“Faltan peritajes del círculo cercano de la víctima, que preguntan cómo vivía, cómo eran sus relaciones de pareja, sus relaciones afectivas, si se encontraba bajo algún tipo de terapia, si había formulado algún tipo de denuncia o si sabían de algún antecedente de violencia que hubiera sido muy evidente (…) para decir si una persona se pudiera señalar a una persona como posible sospechosa de haber perpetrado el homicidio o de haber permitido las condiciones para que se diera el suicidio”, explicó en entrevista para La Jornada Aguascalientes.
El activista sugirió que estos supuestos suicidios pudieran tratarse de asesinatos encubiertos, o bien, pudieron responder a actos de instigación por parte de los victimarios “en los que constantemente está ejerciendo violencia sobre una persona, que está menoscabando, que está mermando su dignidad y hace que le pierda la confianza en sí misma”. La instigación o ayuda al suicidio, es un delito previsto por el artículo 100 del Código Penal del Estado de Aguascalientes que se castiga con entre dos y cinco años de prisión y hasta 50 días de multa, así como el pago total de daños y perjuicios ocasionados.
A pesar de que en agosto de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia conocida como Campo Algodonero en la que ordenó al Estado Mexicano investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres -incluyendo suicidios-, los titulares en turno de la Fiscalía General del Estado no han puesto en práctica esta determinación, denunció Salazar Rule.
Los protocolos para la investigación de probables feminicidios fueron publicados en 2017, cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligara a los estados a crear estos instrumentos a partir del feminicidio de Mariana Lima.
El Observatorio espera reunirse con el nuevo fiscal, Jesús Figueroa Ortega, en próximas fechas para dar seguimiento a este tema.
