- Sujetos obligados pueden ser sancionados con multas de doce mil a 120 mil pesos por incumplir con el acceso a la información
- ITEA brinda las herramientas, pero no puede actuar contra casos de corrupción
En general el Instituto Estatal de Transparencia brinda una herramienta para que los sujetos obligados den a conocer el ejercicio que llevan a cabo desde el servicio público y que la ciudadanía tenga mayor alcance a esta información; sin embargo, la instancia no está facultada para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción, pero facilitan el que se detecten este tipo de malas prácticas para que se actué en consecuencia, señaló el comisionado presidente del ITEA, Marcos Tachiquín Ruvalcaba.
Declaraciones, firma de convenios y presupuestos permiten que se detecten situaciones que no son muy claras, para que otras instancias, como las contralorías, puedan actuar y solicitar a los funcionarios que se aclaren las inconsistencias; en estas puede incluso actuar cualquier ciudadano que se percate de la omisión.
El comisionado presidente detalló que las faltas o sanciones que pueden derivar en esto, son derivadas del incumplimiento de lo que marca la ley que deben declarar y dar a conocer públicamente los sujetos obligados; la información que se contempla según la naturaleza del instituto, se vigila por parte del ITEA, que se cumpla con los apartados que a cada instancia compete.
Precisó que si algún ciudadano o cualquier otra instancia considera que esa información no es válida o inadecuada, el Instituto de Transparencia verifica si se apega a la Ley de Acceso a la Información y Datos Personales; “ya si de ahí se desprende algún ilícito, sería otra instancia la que lo tendría que investigar y en su caso sancionar; pero nosotros vigilamos que se dé ese llenado de los formatos”.
La instancia también vigila que se alimenten las plataformas y se da trámite aquellas solicitudes que no son cumplidas por los sujetos obligados, vía electrónica o por escrito; en estos casos, indicó Tachiquín Ruvalcaba, sí pueden aplicar sanciones para que cumplan con este acceso a la información; pueden ir de los doce mil a los 120 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta, reincidencia o dolo.
Dijo que lo que más se detecta en que incurren los sujetos obligados, es en la falta de información en convenios o contratos, así como en la nómina; son rubros que a partir de abril, que el ITEA inicie con las verificaciones diagnósticas con las que se determine el grado de cumplimiento, permitirán tener un panorama más amplio de las omisiones; hasta la fecha no se han aplicado sanciones.
En lo general, los sujetos obligados deben hacer público el organigrama, tabulador de sueldos, convenios, compras, adquisiciones, arrendamientos, pago de la nómina, padrón de proveedores, que son de los temas más fiscalizados por la ciudadanía.
