- Las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”
- Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consideran que los encargados de impartir justicia están violando la ley
Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consideran que en Zacatecas y Aguascalientes el Poder Judicial está violando la ley al no haber publicado una sola sentencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Un colectivo de otras seis organizaciones (México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar) impulsaron un juicio de amparo contra los jueces y magistrados de Zacatecas por no cumplir con sus obligaciones de transparencia, y consideran que en Aguascalientes se viola la ley de igual manera, por lo que están considerando también promover un juicio de amparo.
A pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”, por lo que violan el derecho de acceso a la información, en consecuencia, Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad promovieron, el 23 de marzo, un juicio de amparo ante un Juzgado Federal en Zacatecas en contra de todos los jueces y magistrados de dicho estado, por no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias que han emitido. Esta demanda fue admitida por Iván Ojeda Romo, juez primero de Distrito en el Estado de Zacatecas.
Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”, pero este concepto no está definido y en él se escudan para mantener su labor en la opacidad. Con este recurso legal interpuesto en Zacatecas se busca que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que todas las sentencias son de interés público y que por ello, todas deben ser publicadas.
El 3 de abril, el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión, pues en un informe justificado respondió: “Es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional.”
En un texto difundido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se indica que tampoco Aguascalientes ha publicado una sola sentencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se pregunta: “¿Debemos creer que en todo el Poder Judicial de Aguascalientes no se ha emitido una sola sentencia de interés público? No lo creemos, en cambio consideramos que hay altas posibilidades que, como en el caso de Zacatecas, los encargados de impartir justicia, simplemente están violando la ley”.
Agrega el comunicado: La opacidad total en la que opera la mayor parte de los Poderes Judiciales es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que imparte justicia, no es posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias y no se pueden detectar actos de corrupción, pues su labor se encuentra al margen del escrutinio ciudadano. La publicación de las sentencias puede ser una herramienta para evaluar si las capacitaciones en los poderes judiciales locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos diez años, realmente están teniendo un impacto positivo.
El comunicado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad finaliza al indicar que esa estrategia será replicada en el resto de los estados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia, ya que la falta de rendición de cuentas y transparencia representan incentivos que pueden llevar a que servidores públicos cometan actos de corrupción.
