- Los guardabosques desconocen las medidas supuestamente implementadas por los propietarios para la prevención del fuego
- Esperan que visitas de Profepa y PGR constante excavaciones ilegales
El Comité de Vigilancia Ambiental del Bosque de Cobos celebró que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el incendio ocurrido en este lugar a finales de marzo.
En caso de encontrar evidencia suficiente de que el siniestro que devastó cerca de 32 hectáreas fue provocado deliberadamente, la Profepa presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable a petición de Banco Interacciones S. A. que es titular fiduciario de 124 hectáreas en las que se pretende construir un mega fraccionamiento. Sin embargo, la autoridad ambiental pudiera sancionar a este particular en caso de constatar que no hizo por prevenir el fuego.
Aunque los propietarios del predio aseguran contar con medidas como brechas cortafuego, retiro de hierbas secas, vigilancia y resguardo de linderos, los guardabosques señalan que esto falso y que el lugar, localizado al sur de la ciudad, se encuentra desprotegido.
“No hay vigilancia en el predio, nosotros no hemos conocido a ningún guardabosques contratado por los dueños (…), hay un camino que divide con la zona de tolerancia que como todos los caminos funciona como brecha cortafuego aunque no haya sido construido ex profeso para eso. Llevamos trece años vigilando un predio que se prende todos los años”, externó Agustín Bernal Inguanzo, miembro del Comité de Vigilancia Ambiental del Bosque de Cobos.
Aseguró que cada quema ha sido denunciada en el momento, en busca de que se prohiban los cambios de uso de suelo por hasta 20 años como lo marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Aunque según los promoventes del desarrollo inmobiliario de más de once mil viviendas, esto no representa impedimento pues los permisos fueron entregados antes de la reforma en la que se incorporó este candado.
En cambio, el activista dijo que se ha detectado a camiones que depositan escombro en el lugar que aseguran contar con el permiso de los propietarios.
Agustín Bernal confió en que las visitas de inspección que puedan efectuar Profepa y PGR en lo sucesivo, permitan constatar las excavaciones para sondear la calidad del subsuelo, realizadas ilegalmente con manos de chango y con miras a prever la cimentación de las construcciones: “Son más de 20 los que hemos detectado distribuidos en las 124 hectáreas en el polígono del proyecto con una profundidad de tres metros, se nota que no fueron hechos con herramienta de mano porque no cabe una persona maniobrando (…). Pudo no haber sido retroexcavadora sino con un bobcat pequeño”.
Presumió que estas acciones pudieron dañando el material arqueológico, paleontológico e histórico que existe en el lugar.
