- Luego de que la Suprema Corte determinó que obstaculizar o negar el aborto a víctimas de violación, es actuar en contra de sus derechos humanos
- La objeción de conciencia tampoco será impedimento
El Instituto de Servicios de Salud del Estado (Issea) se encuentra preparado para interrumpir embarazos solicitados por víctimas de violaciones, afirmó su director, Sergio Velázquez García.
Lo anterior, luego de que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que obstaculizar el aborto en caso de delitos sexuales es actuar en contra de los derechos humanos de las mujeres.
El funcionario aseguró que a principios de año se recibió una solicitud y aunque se preparó todo para atenderla, de último momento la solicitante decidió someterse a esta intervención fuera del estado.
“Las instituciones están preparadas, existe personal médico que está plenamente convencido de que la mujer es responsable de su cuerpo y de sus acciones, y que si determina que no quiere tener un bebé producto de una violación está en su derecho de hacerlo”, sostuvo en entrevista colectiva.
En 2017 pasado también se atendió una solicitud de terminación anticipada de embarazo.
Aclaró que la propuesta de reformas a la Ley General de Salud por las que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al personal de salud no representaría un impedimento para acatar lo establecido por el máximo tribunal, con el fin de no permitir que las consecuencias físicas, sicológicas, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo: “Nadie que trabaje en clínicas u hospitales públicos se verá obligado a realizar algún procedimiento en contra de su conciencia y convicciones (…). Puede ser en un siguiente turno y no pasa nada, lo importante es que ambas partes tengan la convicción, haya el entendimiento y consentimiento firmado”.
Sergio Velázquez señaló que se busca prevenir que las mujeres acudan a interrumpir sus embarazos con personas que no cuentan con la capacitación y las condiciones para llevarlo a cabo sin poner en riesgo su vida. El año pasado, el Issea atendió tres casos con complicaciones relacionadas con abortos mal practicados.
–¿Son médicos quienes realizan estos abortos?
–Normalmente las señoras cuando llegan con una complicación de esta naturaleza no informan de dónde provienen.
En Aguascalientes, sólo se permite finalizar prematuramente la gestación cuando la madre o el producto corran grave peligro de muerte, o bien, cuando el embarazo haya sido causado por una violación. La Norma Oficial Mexicana 046 exime a las víctimas de presentar orden judicial para solicitar la intervención médica.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2018 se abrieron dos carpetas de investigación por el delito de aborto doloso. En 2015 hubo cinco; en 2016, subió a siete y en 2017 bajó nuevamente a cuatro. En total, 18 mujeres aguascalentenses han sido criminalizadas por abortar, en cuatro años.
