- Inhabilitar de por vida a quienes incurran en el ejercicio indebido del servicio público sería un verdadero mecanismo de combate a la corrupción
- Sería Aguascalientes el primer estado en contar con una ley al respecto, de aprobarse en el presente periodo legislativo
Trabajan los diputados desde hace unos meses en la propuesta del procedimiento conocido como muerte civil, para establecer la inhabilitación de por vida del servicio público de cualquier funcionario que incurra en actos de corrupción; el diputado perredista Iván Sánchez Nájera puntualizó que se está analizando y consensuando con los integrantes del Congreso del Estado, para garantizar que quienes hayan sido sancionados por actos de corrupción no vuelvan a ocupar un cargo público.
Precisó que si bien en la Ley de Responsabilidad de los Servidores públicos se contemplan sanciones para quienes incurren en este tipo de delitos, para que por determinado tiempo se les inhabilite, con esta propuesta de ley se garantizaría que nadie que haya sido encontrado responsable por actos de corrupción, pueda volver a participar en el servicio público.
Esta medida contempla también a las empresas que hayan estado coludidas en delitos de esta índole, ya que sus accionistas no podrían participar en licitaciones públicas; el diputado integrante de la Comisión de Gobierno, dijo que ya se tiene la propuesta y se trabaja con cada uno de los diputados para garantizar que al momento de que se suba al pleno sea aprobada; se espera poder darle salida en el presente periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de junio.
Sánchez Nájera puntualizó que con ello se otorgarían verdaderos mecanismos de combate a la corrupción; sería Aguascalientes el primer estado en donde se lograría una ley en este sentido, y la intención es que esta medida se considere a nivel federal, por lo que forma parte de la agenda política de la campaña. “Cuando nosotros observamos que hay un clima en Aguascalientes suficiente para poderlo aprobar, pues le vamos a ganar el tiempo y ya poderle entregar a la ciudadanía leyes que realmente les beneficien”.
La ley aplicaría a todos los ciudadanos que cometan un acto de corrupción, la posibilidad de integrarse al servicio público, y para todos los accionistas o dueños de empresas se les prohibiría la participación en licitaciones del gobierno, “De lo que se trata es de cuidar tanto la atención, el erario público, el trato dentro de las instituciones”.
Detalló que se consideran actos de corrupción cualquier tipo, es muy amplio el catálogo, desde utilizar una ventanilla para condicionar trámites a cambio de favores, cobrar de más servicios públicos, alterar licitaciones, compras, hasta el enriquecimiento ilícito y peculado; con esta ley se imposibilitaría de por vida a continuar en el servicio público a quien lo cometa.
En el caso de los llamados moches, Sánchez Nájera indicó que no sólo se sancionaría en materia penal a los responsables, sino que una vez que hayan purgado esa pena, ya no se les podrían incluir nuevamente en el servicio público; actualmente quien enfrenta un proceso al ser liberado se puede integrar a cualquier cargo burocrático.
