La deliberación democrática es crucial durante las contiendas electorales, para hacer balance de la situación del país o de la entidad y consecuentemente generar opciones que aglutinen voluntades y asumir responsabilidades en proyectos sociales que en las tareas legislativas y de gobierno encuentren cauce, forma y método.
Los debates son todos los días, no sólo los “oficiales” o “formales”, también se da en las entrevistas de prensa, ante los reclamos de los ciudadanos en el día a día del diálogo y el encuentro entre pueblo y candidatos, expresa aquél su crítica y su exigencia, y éstos establecen compromisos y ofertas. Unos y otros enfatizan su visión de la problemática local y nacional. La consistencia ética de esta deliberación radica en dilucidar más allá de la coyuntura y las circunstancias que vive cada uno de los individuos y los sectores de la sociedad, el fondo de preocupaciones de más largo alcance sobre problemas que atañen a la nación, al entorno familiar, la empresa, el trabajo, la escuela y la comunidad.
Las respuestas de los candidatos tienden (¿debieran?) a sembrar la certeza de haber comprendido y asumido la demanda ciudadana. El desafío es vincular las demandas particulares con un esquema general y estratégico definiendo en metas viables en las condiciones de esta delicada sucesión presidencial en medio de contradicciones, carencias, logros y expectativas.
Pero elaborar los instrumentos de políticas públicas y leyes que logren eficiente resolución de los problemas, impone carga mayor para aquellos militantes del partido en el gobierno, ya sea el poder Ejecutivo nacional o estatal o los ayuntamientos. Su influencia, por la cercanía política, obliga a respuestas de mayor contundencia. Todo lo cual no excluye a quienes, desde la oposición, cuestionan y critican, con toda razón, pero queda abierta la interrogante de lo que harían en caso de llegar a desempeñar esos cargos, o bien ya han ocupado puestos de esa naturaleza y dejaron tareas pendientes.
No es tema de ideologías sino de eficacia en el hacer público, en la congruencia entre palabras, hechos y resultados. Se trata de proyectos políticos, es decir sociales y humanos, no esquemas tecnocráticos ni un prontuario demagógico de promesas. Construir el equilibrio entre necesidades y aspiraciones; entre realidades y utopías. En la dinámica de la contienda se busca eficacia desde la perspectiva electoral: captar el interés y la confianza del ciudadano elector. Eficacia, también, desde la perspectiva de gobierno: prever compromisos que se podrán cumplir.
Esto es, asegurar racionalidad a la gestión social de tal manera que articule lo deseable con lo necesario y posible. No se trata de presentar un catálogo de buenos deseos o buenas intenciones ni promesas frívolas, sino una propuesta sistemática de acciones factibles que mediante el sufragio adquieren el rango de acuerdos políticos.
Así, por su contenido, forma y propósitos compromisos, ofertas y promesas de campaña son diseños discursivos eminentemente políticos, pues su propósito es dar forma a la voluntad ciudadana para decidir rumbo y futuro de la sociedad nacional y del estado. El acto electivo define un mandato ciudadano: decide mayorías y minorías, pero también dispone prioridades en la gestión pública y en el desarrollo del país, que es el de cada una de sus regiones, entidades y municipios. Más todavía: es el de la condición y calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos.
Una manera de entender la naturaleza de eso que conocemos como “democracia moderna” (procedimiento y forma de representación que se resuelve electoralmente), es enfocarla como un proceso que legitima la toma de decisiones, fundado en la ley y en la voluntad de la ciudadanía. El sufragio dicta el mandato soberano de quiénes serán los gobernantes, es decir, los ciudadanos a cargo del poder público. Así, ante las limitaciones financieras, legales o políticas o dilemas éticos, gobernar es determinar la prelación de objetivos y asignación de recursos.
En el contexto de diversidad y hasta contraposición de intereses y reclamos sociales, económicos, culturales y políticos, en los cuales se debate la sociedad mexicana, es necesario mediar en ese complejo conflicto de tensiones y aspiraciones. Ello implica establecer los criterios para jerarquizar la importancia de las demandas y las necesidades ciudadanas, a fin de decidir al margen de poderes fácticos lo más conveniente al interés general mediante políticas públicas, programas de gobierno y presupuestos. Prever, además, efectos indeseables que deberán ser contrarrestados. Todo en una dialéctica sin fin. De ahí la relevancia de la deliberación política que no sólo critica, sino además analiza y argumenta, que obliga a la reflexión y al debate. Es el contraste con la postura fácil de aventurar recetas, frases contundentes pero insustanciales, la liturgia del gesticulador o del líder providencial.
Pero también es un ejercicio de ética política, porque entraña la definición y la prevalencia de referentes humanos, sociales, económicos y políticos. Compete al ámbito de los fines últimos del poder: a quién sirve y para qué. Ni minorías rapaces ni anarquía vandálica ni egos caudillistas. La articulación en el conflicto de intereses es, así, no sólo tema técnico o administrativo, ni sólo de eficacia política, sino más allá de ello es un problema de delimitación de principios en medio de la lucha de cada grupo y clase social, de cada comunidad y de todo ciudadano por realizar su vida y su visión del mundo.
