- Se debe dotar de mecanismos de prevención contra este delito y fortalecer a la fiscalía especializada en el combate al robo de ganado
- No se puede acusar a la autoridad de estar coludida en casos de robo de ganado
No se puede comprobar que la autoridad está involucrada en los casos de robo de ganado, indicó el diputado presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, David Nájera Moreno, sobre los señalamientos de la Unión de Ganaderos; “no me arriesgo a acusar, es muy delicado”, enfatizó.
La realidad es que a pesar de que el abigeato se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal del Estado, es un delito que no se ha logrado erradicar, y por el contrario, ha crecido en escala, pues a últimas fechas se han dado casos de robo de hasta 60 cabezas de ganado en cada evento delictivo, según denuncias de la Unión de Ganaderos.
El diputado subrayó que se requieren acciones inmediatas para detener el impacto que causan no sólo a los productores, sino a la economía del campo en general; presentó ante el pleno legislativo un punto de acuerdo para que se requiera a la Fiscalía General del Estado, que a través del fondo de reparación del daño, se indemnice a los productores afectados; en tanto la Sedrae implemente una política pública de rescate y resarcimiento de los productores que hayan sido víctimas de este delito, para que puedan reponer los semovientes que les fueron sustraídos.
Explicó que se contempla la indemnización en la Fiscalía en juicio que ya causan ejecutoria, por lo cual es necesario que se agilicen estos procedimientos de acuerdo a la valoración de los daños, con la ejecución de la sentencia en beneficio de los afectados. Al ser juicios largos, afectan considerablemente al productor, que además de la pérdida a causa del robo, debe pagar abogados para que resuelvan el caso. “Por eso estamos solicitando que de manera inmediata, paralelo al juicio, a través de la Sedrae y de los diferentes programas que existen, se les dé un apoyo para fortalecer la unidad económica y productiva de los productores afectados”.
Señaló que lo primordial es contar con mecanismos de prevención para hacer frente a este problema delictivos; se requiere una coordinación real entre las diferentes instituciones de seguridad, del estado y los municipios, con la Fiscalía e instancias del orden federal en materia, ya que a la fecha se carece de un plan estratégico para ello.
La falta de denuncias en nada abona a combatir el índice de casos de abigeato, en gran medida se debe al desconocimiento de los ganaderos afectados; otro tema es que de las pocas denuncias que se presentan, no hay detenidos, lo que desalienta a los afectados a llevar a cabo este procedimiento, por lo que les implica el pago de honorarios de un experto en el tema.
Nájera Moreno puntualizó que con la reforma al Sistema Penal ahora tiene que integrarse estrictamente la averiguación del expediente, aportar las pruebas con la claridad que establece la propia ley para que tenga valor jurídico; los afectados no tienen siempre los elementos suficientes para hacer la aportación de pruebas y en algunos casos la autoridad no entra a la investigación profunda.
“En otros casos los dejamos en estado de incompetencia porque no les damos los elementos para ellos combatir; en los casos cuando hay detenidos, los libera la Fiscalía, porque no puede estar violando los derechos humanos de los ciudadanos y los tiene que liberar por falta formalidad en la presentación de las pruebas”.
Enfatizó que la ley en este sentido no tiene capacidad de ejecución, se propone que en el Congreso se analice a efecto de convertirla en útil y aplicable; además se deben llevar a cabo las reformas necesarias para darle elementos suficientes a la Fiscalía Especializada contra el Abigeato para que pueda operar de manera óptima.
