- Pese a los nuevos mecanismos para evitar la defraudación fiscal, continúan estas prácticas
- Es un delito que se va perfeccionando, por ello se requiere endurecer las penas
Ni facturaciones ni firmas electrónicas impiden que la defraudación fiscal a través de la compraventa de facturas, lo cual impide el ingreso de recursos a las arcas de la Federación, señaló el Salvador Aguirre Aguilera, integrante del Colegio de Abogados de Aguascalientes.
Expuso que este es otro tipo de defraudación fiscal que limita el ingreso de recursos a las arcas de la Federación y por consecuencia la realización de programas de desarrollo social e infraestructura y a pesar de las consecuencias no ha sido posible que sea detectado por las autoridades fiscales ni policiacas.
Aguirre Aguilera señaló que la compraventa de facturas a manera de comprobantes fiscales de operaciones comerciales o de servicios, bien podría ser tipificado como delito de defraudación al fisco, es cual es un fenómeno que se observa en el ámbito nacional, mismo que es más común de lo que se reconoce generalmente.
Cuando todo parecía indicar que mecanismos de control sobre operaciones a través de la facturación electrónica y cruce de información entre proveedores y clientes, servirían para acotar este tipo de defraudación fiscal, es una realidad que abundan los prestanombres para hacer este tipo de operaciones, tras la simple exigencia del pago del Impuesto al Valor Agregado.
A fin de limitar este tipo de prácticas, el Colegio de Abogados de Aguascalientes expresó la conveniencia de no permitir que siga pasando desapercibida y por consiguiente toleradas estas prácticas, porque de hacerlo se continuará afectando la economía del país por la falta de recaudación del contribuyente cautivo.
Entre las propuestas sugeridas es el legislar en la ampliación de las penas de prisión para quienes cometen evasión fiscal a través de esta modalidad, al señalar que es claro que se trata de un delito que se planea y se va perfeccionando.
Se requiere además que aquellos que son detectados por estar involucrados en la compraventa de facturas, no sólo se emita una sanción o llamada de atención, sino que se les dé prisión preventiva oficiosa, para lo cual se necesitaría una reforma Constitucional al artículo 19 y al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que los sorprendidos enfrenten un juicio, manifestó Salvador Aguirre.
De esta forma, subrayó que se hace necesaria una legislación fiscal más acorde a una situación que afecta a las arcas federales, sin que hasta el momento sea cuantificable el recurso que deja de entrar a ellas como consecuencia se estas prácticas ilegales, que sigue sin ser desterradas.
