- Señalan que Seguot y Sedum permitieron que fueran víctimas de un fraude
- Interpusieron demanda contra constructores y dependencias, piden sanciones a servidores públicos
Condóminos del fraccionamiento Portón de San Ignacio mostraron su inconformidad ante los medios de comunicación lo que consideran una omisión de las autoridades municipal y estatal al haber otorgado el permiso para la construcción del desarrollo sin existir los avances del 30 por ciento en los servicios mínimos, así como la falta de pavimento.
Expusieron que el dictamen del proyecto se publicó el 13 de mayo del 2011, para construir al poniente de la ciudad, por el antiguo Camino a San Ignacio, un desarrollo habitacional que garantizaba a los compradores una gran plusvalía; ahora dicho fraccionamiento se encuentra en abandono, expuesto al deterioro y vandalismo, lo que representa grandes pérdidas económicas para los compradores, inversionistas y proveedores que apostaron por la oferta que hizo la empresa Abitacasa.
Manifestaron que los desarrolladores ponen por encima del bienestar de los compradores sus intereses personales, ya que interpusieron una demanda de nulidad de contrato ante los juzgados mercantil y penal, dando como resultado que se hayan parado las obras y el fraccionamiento sea actualmente inhabitable y defraudando a los compradores.
Uno de los aspectos que pelean los condóminos es el cambio de pavimentos de concreto a adocreto sobre cama de arena, para ahorrar dinero y dejando obras de mala calidad.
Aseguraron que en la construcción de dicho fraccionamiento se presentaron varias irregularidades, ya que las autoridades permitieron que iniciaran las obras sin permisos ni fianzas, en una serie de tratos de amigos, que lo único que dio como resultado fue la falta de servicios, además de que las construcciones están mal hechas.
“La autoridad ha sido complaciente, y se alían a ellos para defraudarnos”, explicó uno de los quejosos al señalar que en total fueron 120 lotes los que se ofertaron y a la fecha se vendieron ya alrededor de 50.
Desde su visión, durante la supervisión que realizó el titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz, se mostró “blando”, pero no se hizo un análisis a profundidad para determinar que las viviendas no tienen la calidad que les fue ofertada.
Aseguraron tener una carpeta de al menos tres mil hojas con toda la documentación comprobatoria de que las autoridades son cómplices al otorgar documentos y permisos sin el protocolo correspondiente, y a pesar de ello nadie le ha dado la razón, parece que tampoco están de su lado.
Al momento, sólo hay construidas diez casas en todo el desarrollo, por lo que no entienden cómo fue que se otorgó el permiso para este avance, sin los servicios públicos mínimos a los que están obligados los constructores.
Los condóminos anunciaron que ya interpusieron una demanda en contra de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y la Seguot, pidiendo sanciones a los servidores públicos, así como a la constructora, al considerar que tienen la obligación de respaldarlos ante lo que señalan como un fraude, al tener características de dolo y mala fe de causarles un daño.
Reclamaron además el hecho de que el cobro de predial que le realiza el municipio es excesivo, a pesar de que con lo único que cuentan es un terreno baldío.
