Aunque es cierto que ha generado ciertas sospechas, parece que el plan de austeridad que pretende implementar el Gobierno Federal electo en todas sus áreas, mismo que por cierto ha alcanzado al Congreso de la Unión, finalmente también estará llevándose a la realidad en la LXIV legislatura en Aguascalientes.
Se ha vuelto imperante, es ya una exigencia de la sociedad que nuestros funcionarios y representantes populares se sumen a este esquema mediante el cual se logre la optimización del presupuesto que desde la Federación se ejerce y que a su vez lleva los recursos a los estados y municipios.
Nuestros diputados han manifestado estar en la disposición de sumarse a estos esfuerzos en favor de la ciudadanía y específicamente en el apoyo a los sectores más vulnerables, que vaya que se cuentan por miles en el estado, millones en el territorio nacional.
Bajo este tenor, las primeras acciones a ejercer desde el Congreso local, tienen que ver con la reducción de los gastos para la operación de sus casas de gestión; habrá al mismo tiempo una notable restricción de beneficios tales como el uso de vehículos oficiales -que actualmente están al servicio exclusivo de los diputados-; telefonía celular; apoyo para viáticos; gasolina, solamente por mencionar algunos.
Conocer estas gracias de las que todavía goza la clase política nos lleva a la indignación obviamente, más cuando el grueso de los trabajadores mexicanos -si no es que la totalidad- pagamos con nuestro salario los servicios, viajes, atención médica que ocupamos, celulares, pero sobre todo PAGAMOS nuestros impuestos.
En el ámbito federal, que buena noticia es también la que recientemente se dio a conocer respecto de la obligación que ahora tendrán todos los trabajadores en el Senado de la República para que, vía nómina, paguen -es decir, de su propia bolsa- el impuesto sobre la renta (ISR), un gravamen que por los beneficios de quienes desempeñan tales funciones en la Cámara Alta, se incluía como prestación laboral, es decir, se pagaba con el dinero del pueblo mexicano.
Es un hecho que mientras más le rasquemos a la herida, más pus le seguiría saliendo. Tristemente esto es apenas un poco de lo que se conoce, de lo que en la realidad de los hechos, se lleva a la práctica. Esto es lo que ha impedido que nuestro país avance bajo una nueva política de compromiso social. ¿Se logrará el objetivo?
La pregunta es buena, la respuesta incierta. Sin duda se han dado los primeros pasos para el logro de este objetivo, sin embargo, todavía hace falta más voluntad política, más sensibilidad, más compromiso por cumplir con esa encomienda para la cual son elegidos que no es otra más que servir a los ciudadanos bajo los principios de respeto, transparencia, honestidad.
Y el camino por recorrer es largo. Es urgente reducir los niveles de corrupción que, en todas las áreas de la administración pública hemos alcanzado y que sin duda también representan una parte importante del presupuesto que se ejecuta año con año, que preocupantemente se destina a mordidas, prebendas, malos manejos, enriquecimiento ilícito, etc.
Siguen creciendo las expectativas respecto de lo que se puede lograr simplemente con el hecho de destinar el dinero recaudado para lo que está dispuesto o etiquetado.
Este es el ideal de una democracia y un gobierno justo, ahora nos toca a nosotros tomar ese camino de la participación, el gobierno requiere de ello y nosotros como ciudadanos también urgimos de un cambio verdadero y real, que nos oriente a un mejor rumbo más igualitario, donde las carencias se reduzcan y se pueda vivir en armonía.
