- Martín Orozco acusa al locutor de haber hecho manifestaciones fuera de los límites de la libertad de expresión al atacarlo sistemáticamente en su espacio radiofónico
- El propósito de la demanda es que Morales pague una indemnización monetaria que será destinada a alguna organización civil dedicada a ayudar a la gente
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, demandó por daño moral a José Luis Morales Peña, a causa de los ataques sistemáticos que el locutor ha hecho presuntamente de manera infundada y con la intención de afectar su honor y dañar su patrimonio moral.
Como resultado de esta demanda, el 26 de noviembre el Juez Segundo de lo Civil emitió una medida cautelar que prohíbe al conductor del noticiario radiofónico Infolínea mentir, ofender o hablar mal acerca de la administración orozquista durante el juicio.
En caso de incumplimiento, el juzgador determinará si lo sanciona con una multa económica o incluso con la privación de su libertad a manera de medida precautoria, informó el coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Manuel Appendini Carrera.
En entrevista para La Jornada Aguascalientes, el portavoz oficial explicó que el propósito del litigio es lograr una acción resarcitoria, es decir, una indemnización monetaria que, en caso de obtener, será destinada a alguna organización civil dedicada a ayudar a la gente, “no se quedará con el dinero de Morales”. El monto será definido por el juez con base en factores como la solvencia económica del demandado. La medida aplica para el programa radial y todas las plataformas en las que este pueda hablar o escribir, incluyendo las redes sociales.
En el documento se acusa a José Luis Morales de haber hecho manifestaciones fuera de los límites de la libertad de expresión plasmados en el artículo 6 de la Constitución, que le han causado al gobernador afectaciones sicológicas, daños en su salud y han alterado la percepción de los demás sobre su persona, lo que pudiera generar repercusiones en la atracción de empresas, la inversión extranjera directa y con ello, perjudicar el desarrollo económico del estado.
Sin embargo, el funcionario estatal aclaró que no se trata de una acción de censura, ya que la pretensión del gobernador no es alejar a Morales Peña de los micrófonos ni tampoco cancelar su programa, sino obligarlo a que se conduzca conforme los principios básicos del periodismo, como cualquier otro medio de comunicación. De tal suerte que si el comunicador emite críticas fundamentadas con respecto al gobernante, no habrá problema.
La querella menciona que las manifestaciones vertidas por José Luis Morales actualizan la figura jurídica de “malicia efectiva”, lo que hace referencia a una conducta negligente al no verificar la veracidad de la información con el propósito de afectar a una persona (tesis 2018322).
Appendini Carrera aseguró que el locutor está en su derecho de defenderse legalmente, aunque en su espacio radiofónico avisó que apelará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Malicia efectiva
