El lunes 17 de diciembre, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, anunció que a partir del 1 de enero de 2019 se fijará el salario mínimo general en 102. 68 pesos, y en 176.72 pesos en la zona libre de la frontera norte, lo que representa un aumento al salario mínimo que alcanzará un 100 por ciento en los municipios fronterizos de nuestro país, y un incremento considerablemente elevado en más de 20 años.
Esta medida, sin duda alguna, beneficiará a la clase trabajadora que perciba de uno a dos salarios mínimos que verán el incremento de manera directa. En México suman alrededor de ocho millones de trabajadores en estas condiciones, aproximadamente.
Aquellos trabajadores que perciban más de tres salarios mínimos, este incremento se vería reflejado o no, dependiendo de las condiciones contractuales que tengan con la empresa en la que laboren. En este contexto hay que puntualizar que si bien es cierto que a mayor ingreso mayor consumo, y dándole a la clase trabajadora un incremento tan considerable tanto en frontera como en el resto del país, sí habrá estímulo a las economías regionales y a la calidad de vida de la clase trabajadora con una base sindical como afiliada a la CROM.
Sin embargo, habrá que analizar las medidas con las que el Gobierno Federal pretende incentivar a los industriales y empresarios que absorberán el costo de una nómina tan elevada, que no es de un trabajador, sino de flotillas que a veces superan los diez mil, y así asegurarnos en colectivo que involucre a los industriales, empresarios, trabajadores y gobierno, que esta medida funcione y los inversionistas no busquen evadir esta carga con la informalidad laboral.
En el portal Animal Político, César Reveles publica una entrevista a los economistas Manuel Molano y Jorge Andrés Castañeda, director adjunto, y coordinador de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Dicen que aunque este incremento no impactará de forma negativa en la inflación del país, sí puede traer otras consecuencias para pequeñas y medianas empresas, además de incrementar la informalidad laboral.
Los economistas advierten que las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción y manejan este tipo de salarios podrían verse afectadas, pues aunque la producción siga siendo la misma, ellos tendrán que aumentar salarios, que esta situación podría obligarlos a pasar a la informalidad para evitar la obligación de incrementar el sueldo, asegura.
A estas alturas del partido, me pregunto qué tanto le convendría al país que su industria comenzara con la informalidad laboral. Para evitarlo, es en donde entra nuestro proyecto de Nuevo Sindicalismo.
En el Nuevo Sindicalismo estamos en la obligación como centrales obreras de construir acuerdos entre las empresas, gobierno y trabajador, de tal forma que estos incrementos salariales se lleven a cabo conforme a la Ley, y se respeten los contratos colectivos de trabajo, pero también, asegurarnos de que el Estado impulse los estímulos fiscales oportunos y así, en una relación ganar-ganar, sí impulsemos la economía de las regiones.
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