- Para fortalecer a las instituciones de impartición de justicia, se debe impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas
- Es un reto importante lograr verdadera apertura, ya que ello implica cambiar los patrones institucionales
La magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la impartición de justicia no es más que la prestación de un servicio público que debe ser instrumentado para satisfacer los fines a que está llamado a cubrir todo órgano jurisdiccional.
Al participar en la lección inaugural del curso en línea Justicia Abierta, impartido por la directora del Government Lab (GovLab), Beth Noveck, la magistrada presidenta aseveró que, desde el inicio de la gestión de la actual integración de la Sala Superior, se asumió el compromiso de adoptar los principios de gobierno abierto en todas las Salas que integran el TEPJF: “Hemos asumido este compromiso, justamente, convencidos de que una ruta segura para fortalecer a las instituciones, y más en estos momentos y en estas épocas de gran desconfianza hacia la impartición de justicia, es a través de una apertura permanente a la ciudadanía. De lo que se trata es de generar confianza, a través de una mayor transparencia, y rendir cuentas, tanto de la labor jurisdiccional, como de la actividad administrativa”, indicó Otálora Malassis.
La magistrada presidente destacó que, con la aspiración de cumplir con los principios de la justicia abierta, se han llevado a cabo diversas acciones para convertir al TEPJF en un tribunal abierto, para lo cual se crearon mecanismos de participación y colaboración entre la sociedad y las instituciones, aprovechando el uso de tecnologías para resolver juntos distintas problemáticas de manera más eficiente.
Detalló que el TEPJF comunica de manera permanente sus decisiones y trasparenta sus actividades; ha puesto a disposición, en formato de datos abiertos, la información que la norma en la materia de transparencia le exige, así como la estadística y los resultados de la ejecución del presupuesto; además de que impulsó la certificación de los tribunales electorales locales en materia de tribunal abierto: “Sé que para quienes estamos en órganos de justicia, más aún en México, que vivimos más el concepto del sigilo judicial de un cierto trabajo a puertas cerradas, y esto implica que rompamos paradigmas. Lo podemos hacer, lo podemos lograr y yo lo que les pido es realmente el compromiso para lograr este proyecto”.
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que se tiene una tradición muy fuerte dentro de los poderes judiciales en México y en el mundo respecto de la secrecía y de la reserva de las discusiones y del trabajo que se realiza, porque se resuelven conflictos en donde hay partes con intereses: “Ahora, cambiar esa tradición, cambiar esas prácticas es un reto enorme y esto implica que se asuman políticas institucionales de uso de redes sociales, no sólo individuales. En principio, me parece que el uso de la red social por un juez, una jueza, tiene implicaciones institucionales, por lo que siempre debemos preguntarnos, a partir de nuestra función y atendiendo los principios establecidos, si puedo comunicar esto o no, si puedo opinar de esto o no y si puedo interactuar de ciertas formas”.
Rodríguez Mondragón agregó que son muy pocos los tribunales y menos jueces o juezas que están involucrados en las redes sociales en el mundo, ya que son realmente una mínima parte los que están acercándose a dichas redes de manera abierta, con nombre y apellido, comunicando su actividad o informando sobre la función que desempeñan: “Esto lo digo porque quiero resaltar que tenemos pocas experiencias sobre cómo usar adecuadamente estas redes sociales a partir del uso de las mismas, y creo que es muy importante esta aproximación a través de la experiencia, lo que podemos comunicar y no y cómo reacciona el auditorio, cómo reacciona la conversación pública”, subrayó el magistrado de la Sala Superior.
Beth Noveck, comentó que, desde hace muchos años, se ha creído que la forma de preservar la legitimidad de un sistema judicial es manteniendo silencio y no comunicándose con la gente, por lo que con el concepto de justicia abierta se trata de explorar cómo se puede fortalecer su legitimidad, a través de una mejor apertura, sobre todo en esta era moderna de comunicación: “Sé lo difícil que es que la gente lea el lenguaje legal, y muy pocos lo hacemos, por lo que creo que nuestras cortes se vuelven más legítimas si en verdad utilizamos esas nuevas tecnologías de comunicación, tanto en redes sociales y nuestras herramientas de información, para poder compartir lo que sabemos y lo que estamos haciendo”.
Con información del TEPJF
