- Sin autonomía, la evaluación de la educación corre el riesgo de debilitarse y hacerse a modo: Sylvia Schmelkes
- La iniciativa del Ejecutivo no toma en cuenta las tareas estratégicas que realiza el INEE, dice a senadores
Sin autonomía, la evaluación de la educación corre el riesgo de debilitarse, de hacerse a modo y de experimentar una inflación de resultados como ya ocurrió con la prueba Enlace, afirmó la consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, quien participó en el foro Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes, organizado por el Senado de la República.
En el foro destacó que, además, se perdería la instancia que vela con independencia por la mejora continua y el cumplimiento del derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad. Acompañada del consejero del INEE, Bernardo Naranjo Piñera, Schmelkes del Valle resaltó que el propósito de la autonomía de un órgano evaluador de la educación es asegurar que sus evaluaciones y mediciones de componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional produzcan información capaz de detonar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación obligatoria de México.
Esta información debe obtenerse y analizarse con rigor técnico, con independencia de la autoridad educativa y sus resultados difundirse a la sociedad de manera oportuna. Se trata de dar cuenta del avance del país en materia de calidad y equidad educativa de forma transparente, subrayó.
Schmelkes del Valle manifestó que la creación de órganos autónomos permite que sea especializado y políticamente neutral quien diagnostique, analice y emita recomendaciones acerca de asuntos públicos de carácter estratégico. Este diseño institucional fortalece al Estado mexicano en tanto que genera contrapesos y fortalece la división de poderes. Ante senadores, consideró que quienes son universitarios entienden, sin duda, la importancia de las instituciones autónomas, subrayó. Recordó que la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo señala que el INEE debe cancelarse “porque se le percibió como un instrumento persecutor del magisterio”.
La gran interrogante legal, histórica y ética es si es justificable cancelar una institución con casi 17 años de vida y de servicio a la educación que vela por el interés superior de la niñez, a causa de una percepción respecto de la cual no hay evidencia ni del acto imputado. Precisó que la iniciativa no toma en cuenta las tareas estratégicas que el Instituto ha realizado, entre las que mencionó: generación de información, indicadores y conocimiento puntual sobre el sistema educativo; realización de evaluaciones nacionales de aprendizaje de alumnos y escuelas; encargado de la aplicación de pruebas de aprendizaje internacionales (PISA y ERCE -Estudio Regional Comparativo y Explicativo-); emisión de recomendaciones de política educativa sobre problemas fundamentales basadas en evidencia y coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
En todas estas tareas “no alcanzamos a ver ningún carácter persecutorio de los docentes y si lo persecutorio está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación de los docentes”, éstas se establecen en la Ley General del Servicio Profesional Docente y su elaboración, aplicación y consecuencias corresponden a la SEP, manifestó.
La consejera del INEE informó que a este organismo autónomo se atribuyen, de manera injusta, responsabilidades que rebasan con mucho su rol regulatorio de los procesos de evaluación docente. La de desempeño tuvo muchos problemas, la mayoría en el proceso de aplicación, el cual es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las autoridades educativas estatales. Afirmó que en el INEE se reconoce y se valora a los maestros, destacó que no contar con un organismo autónomo que evalué el cumplimiento del derecho asentado en la constitución es volver al oscurantismo.
Con información del INEE
