Desde la Constitución de 1917 nuestro país sentó las bases para el diseño y funcionamiento del Estado mexicano, bajo la lógica de un presidencialismo preponderante. Ese presidencialismo, que si bien abrió espacio a periodos de estabilidad y construcción de instituciones, pero que también dio pie a episodios de gran concentración de poder, libertades acotadas y captura de esas mismas instituciones, es la misma lógica que el hoy titular del Ejecutivo busca traer al presente.
A tan sólo dos meses de haber llegado al poder, el Presidente de la República ha dado varios “manotazos” para demostrar que está a cargo y para enviar un claro mensaje al resto de los Poderes y a la clase política en general: “el poder soy yo y el único ente que puede quitármelo es el pueblo”; que dicho sea de paso “es sabio, bien intencionado”.
En el fondo, el peligro del discurso y las acciones de López Obrador yacen en la posibilidad de “aplastar” los avances que han permitido apuntalar nuestra joven democracia, generando contrapesos entre los Poderes de la Unión, una sana distribución en la toma de decisiones y por supuesto libertades alcanzadas desde la base social.
En su libro El Presidencialismo Mexicano, el reconocido jurista Jorge Carpizo esbozó hace diez años la forma en que la praxis política de las facultades del Ejecutivo terminaban por rebasar el diseño acotado en la propia Constitución, asignando facultades metaconstitucionales, que, pese a las reformas de las últimas décadas y de la lucha democrática de muchos, parecen estar de vuelta con el Presidente López Obrador.
Como parte de sus primeros 100 compromisos, el Presidente de la República destacó que el Ejecutivo dejaría de ser el “Poder de poderes” para dar paso a una relación de respeto. Sin embargo, en días recientes y al referirse a un caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que involucraba al Grupo Modelo, Andrés Manuel declaró explícitamente: “intervenimos y ¿saben qué?, se cambió la resolución”.
A esta grave declaración, que deja atrás el compromiso noventa y dos del Presidente, se suma la intención de tener aliados incondicionales en el Poder Judicial. Y es que en la terna enviada al Congreso de la Unión de candidatos a ocupar el espacio que deja el Ministro José Ramón Cossío, destacan los nombres de Loretta Ortíz y Celia Maya, de quienes no se cuestiona su capacidad y experiencia profesional, pero sí su comprobada cercanía con el titular del Ejecutivo.
El Presidente, pues, lleva los alcances de su figura institucional a una praxis política de mucho riesgo. Busca volver al “jefe de jefes”, sin importar traicionar su palabra, sin importarle socavar instituciones de reciente creación, ni mucho el respeto frente al resto de los poderes. Busca imponer una verdad absoluta, una moral para todos, construir con un bloque de pensamiento uniforme que responda a su forma de gobernar.
No olvidemos que en las Cámaras legislativas su mayoría le representa una ventaja para sacar adelante iniciativas, nombramientos y reformas constitucionales. Con una mano metida en la Suprema Corte, su control simplemente será de otro nivel, uno muy peligroso.
