Esta semana inició con una noticia espectacular por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien señaló que el área a su cargo había congelado las cuentas de Emilio Lozoya y confirmó además que ya había una orden de aprehensión en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, emitida por la FGR.
Como parte de ese anuncio, que hizo con “bombo y platillo”, el funcionario de Hacienda aseveró que “se acabaron los intocables” en los tiempos del presidente López Obrador.
Lozoya Austin ha sido señalado por el exdirector de Odebrecht en México, Luis Weyll, de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña, a cambio de garantizar contratos sustanciosos para la realización de obras como la refinería de Tula en Hidalgo.
Sin embargo, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República ha precisado que la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex es producto de una investigación por la compra con sobrecosto de la empresa Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) y no guarda relación con el mayor caso de corrupción transnacional de América Latina.
La noticia ocupó la primera plana de al menos siete diarios de circulación nacional publicados el 28 de mayo e inundó de inmediato las redes sociales, en donde el tema se hizo tendencia. El anuncio partió el debate de la opinión pública, como un cincel de acero parte un bloque de concreto. Quedó el antes y el después, en tan sólo un par de días.
Concentrados hasta ese momento las deficiencias que vive hoy el sector salud, luego de los recortes del Gobierno Federal o en la retención de militares en La Huacana por parte de “civiles”; el tema de Lozoya vino a desplazar las dos crisis anteriores. Sucedió de forma rápida pero eficiente.
El control de la opinión pública no es un mito. Al respecto se han producido numerosos estudios y teorías, incluso hay registros en la historia mundial del grado de perfeccionamiento al que ha llegado el aparato propagandístico de diversos Estados.
Noam Chomsky, uno de lo mayores referentes intelectuales del siglo XXI, ha documentado bien el control de la opinión pública en la democracia norteamericana y sostiene que el objetivo final de esta práctica es que los individuos “internalicen los valores” del régimen en cuestión.
Así pues, hoy vemos un régimen que dice no tolerar la corrupción y que presume estar actuando contra probables responsables de delitos, que estuvieron protegidos en sexenios anteriores. Se vanagloria como ejemplo para todos los mexicanos.
Sin embargo, es cosa de tiempo que podamos comprobar si se trata de un verdadero trabajo de inteligencia, que incluso acerque incluso elementos valiosos para la investigación de Odebrecht en México o, por el contrario, que se trate de una llamarada informativa para distraer la atención o peor aún, que confirme la continuidad del uso de las instituciones con fines políticos.
No olvidemos lo que hizo la PGR de Peña Nieto contra Ricardo Anaya en la pasada elección presidencial. Una persecución vulgar y descarada que inclinó la balanza hacia López Obrador y que hoy, por cierto, sigue completamente impune.
