- Es necesario establecer un programa nacional de suelos y agua en las 5 mesorregiones del país: Anaya Garduño
- De los 200 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, más de 142 millones de ellas se encuentran en procesos de degradación
De los 200 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, más de 142 millones de ellas se encuentran en procesos de degradación eólica, hídrica, física y química, lo cual se refleja en el cambio climático y en la severa y creciente escasez de agua y alimentos, advirtió el doctor en manejo de recursos naturales Manuel Anaya Garduño, del Colegio de Posgraduados.
Como parte de los Foros de Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 realizado este 21 de mayo en DICEA-Chapingo por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados (CCTI), el especialista en desertificación reveló que “la profundidad del suelo está disminuyendo y un centímetro de suelo que perdemos equivale a 150 toneladas por hectárea. Cada año se pierden 1.42 millones de hectáreas de suelo”.
El principal problema en el país y el mundo está relacionado con el sobre pastoreo y México tiene 110 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y 70 por ciento de estas ya están en proceso de incorporar este sistema de explotación.
La degradación de la tierra, además, se relaciona mucho con la marginación y vulnerabilidad social. Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas y Veracruz son algunos de los estados con estos problemas: “Es necesario establecer un programa nacional de suelos y agua en las 5 mesorregiones del país. En la región noroeste, 81 por ciento del territorio está afectado por procesos de degradación del agua. En la noreste, la erosión del suelo se debe al viento y se pierden hasta 400 hectáreas. En la zona centro-occidente, 60 por ciento del territorio ya está afectado, y en el sureste mexicano la deforestación de bosques y selvas afecta ya a 53 por ciento”.
La cubierta vegetal es el mejor aliado para combatir la desertificación y con ello el cambio climático: “La recuperación de la fertilidad del suelo requiere varios años y tiene un costo de 120 mil pesos por hectárea”.
Actualmente, siete estados concentran el 50 por ciento del valor de la producción agrícola y todos presentan procesos de degradación: Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Chiapas: “Según la FAO, México compra del extranjero 43 por ciento de los alimentos que consume, para el año 2030 importará 80 por ciento”.
Frente a este panorama Anaya Garduño realizó cinco propuestas de políticas públicas: crear la Comisión Nacional del Suelo como organismo dependiente del Ejecutivo Federal cuyo presupuesto se plantee en el Programa Especial Concurrente; mejorar la calidad y productividad del suelo fomentando y apoyando la construcción de fábricas de carbono orgánico como compostaje y abono verde y bioinoculantes; fortalecer la red nacional de laboratorios de análisis de agua, suelo y planta; establecer los sistemas de captación de agua de lluvia para diversos usos dando atención a las zonas de alta marginación del sector rural; y reforzar la cultura del manejo integral y sustentable del suelo y agua, la mitigación de los efectos de cambio climático y la desnutrición.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña, también secretario de la CCTI y anfitrión de este diálogo, impartió una conferencia en torno a los retos para alcanzar la meta del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la ciencia.
Acosta explicó a la audiencia que el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sería apenas el 13 por ciento del 1 por ciento del PIB si se lograra. Y propuso tres lineamientos: “Incrementar de inmediato y al doble el presupuesto de CONACyT, involucrar a la iniciativa privada, otorgando incentivos a aquellas empresas que desarrollen investigación y desarrollo, así como crear el Programa Nacional de CTI para la niñez”.
La diputada María Marivel Solís, presidente de la Comisión concluyó: “este foro deja en claro que tenemos que articularnos todos los sectores para resolver los grandes problemas nacionales a través de la ciencia y la tecnología”.
En el Foro de análisis también participó la diputada María Eugenia Hernández Pérez, secretaria de la CCTI, quien brindó un panorama general en torno al marco jurídico para la aplicación de ciencia, tecnología e innovación (CTI).
Con información del FCCyT
