- Partidos políticos, policías, funcionarios públicos, Poder Legislativo y Poder Judicial son las instituciones percibidas por la ciudadanía como las más corruptas
- El estudio Anatomía de la corrupción en México propone aplicar la persecución de oficio para delitos de corrupción y prohibir el uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales
Sólo el 2 por ciento de los delitos relacionados con actos de corrupción se castiga, siempre en el caso de los cometidos por mandos inferiores, así el alto índice de impunidad protege a las más elevadas y poderosas esferas sociales.
Un dato al respecto es que de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo de 1998 al 2012, sólo fueron siete consignadas, es decir, tan solo el 1.5%, revela la investigación Anatomía de la corrupción en México, un estudio realizado por María Amparo Casar, en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En todas las entidades, incluyendo Aguascalientes, el 65 por ciento de su población percibe corrupción dentro del sistema público y son los partidos políticos, seguidos de los policías los que encabezan la lista de sectores vistos por la sociedad como los más corruptos. El análisis destaca que Partidos políticos (91%), Policía (90%), Funcionarios públicos (87%), Poder Legislativo (83%) y el Poder judicial (80%) son las instituciones que se perciben como más corruptas.
El trabajo de investigación de María Amparo Casar pretende además de hacer un diagnóstico sobre la percepción interna y externa en el tema de corrupción, enfocar la urgente necesidad de conocer este fenómeno, localizarlo, medir su extensión, identificar sus causas y encontrar áreas de riesgo que permiten su reproducción: “Sólo así se podrá traducir la indignación en una estrategia exitosa para combatirla”.
En el país -incluyendo por supuesto el análisis en Aguascalientes- se vive una crisis de representación digna de resaltar y la cual se traduce en que, por ejemplo, el 91 por ciento de la población no confía en los partidos políticos; el 83 por ciento, en los legisladores y el 80 por ciento afirmó no confiar en las instituciones del sistema Judicial, datos que fueron retomados del Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana.
Ahora bien, ningún estado se escapa de este problema, en todas las entidades se percibe corrupción en el sector público, el promedio de las 32 entidades fue de 85 por ciento de percepción.
Entre las propuestas planteadas para avanzar en el combate del tema, se planteó, en el ámbito federal, el acompañamiento de la Sociedad Civil en la redacción de leyes secundarias; en el ámbito estatal, la homologación de códigos penales para delitos de corrupción; en ámbito el municipal, el uso de herramientas digitales para reducir discrecionalidad y trámites en ventanilla; de igual forma, se detectó la urgencia de aplicar la persecución de oficio para delitos de corrupción y prohibir el uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales.
